Esos peligros no se pueden ignorar y nadie puede obviar la dramática realidad que actualmente se registra en nuestro mundo. Por esta razón, diversos organismos internacionales y gobiernos de los Estados intentan crear una conciencia medio-ambiental para preservar el planeta, con la consigna global de no ignorar que esta, “nuestra casa común”, está al borde del colapso ambiental.

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En esa acepción, los esfuerzos mundiales por preservar “nuestra casa” se enfocan a tratar de legarle a las próximas generaciones un mejor planeta, en el cual sea posible vivir de manera sostenible en las próximas décadas. Para ello, es necesario crear una mejor concientización a través de la educación ecológica ambiental, económica y social, guiada por el principio del bien común y también por la justicia entre países, continentes y generaciones.

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Esto se concibe así, porque el cambio climático y sus consecuencias obligan a contraer compromisos globales, dado que organismos multilaterales y de la comunidad científica hayan dado el mensaje de que los eventos extremos aumentarán sin precedentes, tanto en su magnitud como en su frecuencia y ubicación, con repercusiones indeseadas de las que nadie está exento.

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La alerta no es gratuita, pues en el más reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU, que consiste en una actualización de toda la base científica en la materia, recalca que los seres humanos hemos calentado el planeta en 1.1 grados celsius desde el siglo XIX, principalmente por la quema de carbón, petróleo y gas. Y advierte que si el ritmo actual continúa, el planeta llegará a un calentamiento de 1.5 grados celsius en 2030, una década antes de lo previsto en los cálculos realizados en 2018.

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De no frenarse, el calentamiento global se perfila como un escenario de catástrofes inusitadas, pues la comunidad científica pondera que cada grado adicional de temperatura que el planeta alcance, con respecto a los niveles preindustriales (1850-1900), conlleva mayores riesgos, comenzando por el derretimiento de la masa de hielo en los polos, seguido del aumento acelerado del nivel del mar, lo que producirá inundaciones y amenazará los litorales costeros, a grado tal que incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición, amén de otras calamidades naturales.

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Lo que puede sonar como el adelanto de una profecía autocumplida no aparece lejana en el actual contexto, sobre todo porque existe un amplio consenso de que la actividad humana es la responsable directa de la variabilidad climática natural de nuestro planeta.

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Ante un panorama de crisis climática, es loable el esfuerzo emprendido por organismos multilaterales y por los Estados, a fin de impulsar acciones y compromisos orientados a mitigar las secuelas del cambio climático. Entre estas acciones y compromisos, destacan las propuestas y decisiones asumidas en las esferas de acción internacional, como son las Conferencias de Cambio climático (COP26) y Biodiversidad (COP25), además del Acuerdo Climático de París.

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En virtud de ello, al ser el cambio climático un fenómeno de impacto global que representa actualmente uno de los mayores desafíos para la humanidad, es preciso que todas las medidas para amortiguar sus efectos se asuman con el mayor consenso y compromiso posibles, para lograr un impacto global positivo, resultado del diálogo entre la ciudadanía y los distintos gobiernos y organismos internacionales.

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En ese plano, entre las propuestas hechas por organizaciones de la sociedad civil, cobran fuerza aquellas que buscan abonar en las estrategias de sostenibilidad para intensificar la acción climática y alcanzar la neutralidad en las emisiones contaminantes. Entre estas iniciativas destacan planteamientos para reducir la emisión de CO2, mediante el uso de vehículos que no consuman combustibles fósiles, pues generalizar esta práctica posibilitaría de dejar de emitir 2.5 litros de CO2 por unidad a la atmosfera; ahorrar energía; hacer uso de las “3R” (Reutiliza, Recicla y Reduce); actuar en acciones agresivas de reforestación que, en un mediano plazo, podrán tener un impacto en la absorción de CO2; al igual que demandar y exigir a los gobiernos la promoción de ciudades sostenibles, el uso generalizado de energías renovables, así como la educación y capacitación orientadas al manejo de los desechos sólidos y la extensión de proyectos de reciclaje en todas las urbes.

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En esa línea, la sociedad civil está llamada a cumplir un rol determinante y convertirse en catalizadora de iniciativas innovadoras y creativas, para lograr un desarrollo respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza, ajena a las ideologías y atavismos que limitan el concurso de actores también fundamentales, en la búsqueda de soluciones ante el cambio climático.

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Sobre este último punto, cabe destacar la Encíclica Laudato si’ (2015) sobre el cambio climático, en la que el Papa Francisco instó a impulsar cambios radicales en esta materia e invitó a una “conversión ecológica” vía un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro de “nuestra casa común”. Al igual que otros actores, alerta que “El calentamiento global es un problema con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad". Además de advertir que las consecuencias de la alteración del clima recaen en los más pobres, y cuestionar que muchos de los que "tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas” del calentamiento global y del cambio climático. Es una alerta que cobra carta de naturalización en el actual contexto, en el que el llamado mundial es encontrar la ruta correcta para atenuar los efectos del cambio climático.

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Todo lo arriba señalado no exenta a México, toda vez que por sus características geográficas, así como por su situación económica y social, el país es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático.

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Esta situación se constata en el impacto de los eventos meteorológicos registrados en diversas regiones del país, que se han visto afectadas por el aumento de huracanes, sequías e incendios, temperaturas extremas y lluvias torrenciales causantes de deslaves e inundaciones, fenómenos que han ocasionado altos costos económicos y sociales. Esta tendencia va claramente en aumento y se traduce en tragedias como las recientes inundaciones en Tula, Hidalgo; la Ciudad de México; Jalisco; Puebla; el Estado de México. Los episodios de sequía que afectan a estados tradicionalmente productores de alimentos diversos; los incendios y las afecciones a la infraestructura pública en varias entidades de la República (el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 señala que en México hay 1,385 municipios vulnerables al cambio climático. De estos, 319 presentan un mayor grado de riesgo ya que en ellos se encuentra infraestructura básica como 26,288.5 km de carreteras; 494 unidades médicas y 5,984 planteles educativos. Además, en esas zonas se ubican instalaciones de las empresas estatales productoras de petróleo (Petróleos Mexicanos, PEMEX) y energía eléctrica (Comisión Federal de Electricidad, CFE), cuyo carácter es estratégico para el país).

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Es preciso mencionar que esta situación se agrava, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por decreto del 6 de noviembre de 2020. De acuerdo con este decreto, a partir del 1° de enero de 2021, el Fonden no asumiría compromisos adicionales a los adquiridos previamente y se extinguió en definitiva el 30 de junio de 2021. Esta modificación implicó cambios en la forma de activar el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), lo cual impidió atender a la población damnificada debidamente y con la oportunidad requerida. Ante ello, las autoridades federales argumentan que ya se tienen las nuevas reglas para que fluya el auxilio a la población damnificada ante calamidades naturales, pero no especifican estrategias ni monto de recursos públicos para ello, toda vez que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se eliminaron el Fonden del Ramo General 23 y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.

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Además, bajo diferentes escenarios se estima que hacia el año 2039, el país incrementará su temperatura media anual en 2.0°C en el norte y entre 1.0°C y 1.5°C en el resto del país, razón por la que se estima que el 15% de su territorio, el 68.2% de su población y el 71% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, se encuentran altamente expuestos a los impactos del cambio climático.

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Adicionalmente, se admite que México está dentro de los 15 países con mayor número de emisiones de gas de efecto invernadero, con una aportación del 1.6% del total a nivel global. En este rubro, destaca la conocida y criticada política de petrolización, uso de carbón y planes de refinación a los que ha apostado el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que para expertos en materia económica y ambiental equivale a emprender una política de desarrollo energético basada en combustibles fósiles, que va en contrasentido de los compromisos asumidos por México en el Acuerdo Climático de París y a oponerse a la tendencia mundial de apostar por las energías limpias y sustentables.

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En consecuencia, es un imperativo que México se sume a las tendencias globales y a los esfuerzos de organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que buscan traducir los bienintencionados discursos en políticas concretas que ayuden a construir un planeta con un futuro sustentable, en el cual sea viable la vida productiva, económica, política y social, y esté marcado por un uso más intensivo de las energías limpias.

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Por todo lo señalado, resulta relevante que las ciudadanas y los ciudadanos tengamos participación y se nos consulte sobre las decisiones futuras en ese terreno, no solo para hacer uso de nuestro derecho a incidir, sino también para reforzar la articulación de las políticas públicas con las realidades y necesidades de nuestras comunidades, en sintonía con las determinaciones que se impulsen en los foros internacionales encaminadas a hacer frente a la crisis climática que hoy experimentamos, en el conocimiento de que los eventos naturales no podrán evitarse, pero la gravedad del impacto que estos pueden generar, sí podrán mitigarse mediante acciones preventivas coordinadas.

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De ahí la importancia de que la sociedad organizada se apropie de espacios de participación, con el propósito de contribuir a la construcción de una nueva realidad para México, “nuestra casa común”, en la que el gobierno y la sociedad encaminemos coordinadamente nuevos rumbos ante un fenómeno mundial, el cual obliga a impulsar regiones y ciudades más sustentables y resilientes. Esto requerirá necesariamente una nueva adaptación con medidas que, se sabe, serán insuficientes para prevenir daños futuros, pero que es preciso impulsar para doblar la curva de la crisis climática y sus consecuencias en nuestro país en las próximas décadas. Para ello, es necesario hacer conciencia de que el cambio climático es un fenómeno multiplicador de amenazas y, por ende, de posibles conflictos sociales en términos de seguridad económica, alimentaria, hídrica y energética.

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Si bien es cierto que participar del proceso de toma de decisiones nos coloca, como sociedad, en una posición con un alto nivel de responsabilidad, hoy en día es necesario involucrarnos en mayor o menor medida, para avanzar conjuntamente sociedad y gobierno de una manera propositiva y al ritmo que nos exige la gravedad del cambio climático.

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Esto, principalmente, porque la modernidad nos llevó a creer que podemos hacerlo todo sin consecuencias, pero cabe recordar que la vida en la tierra solo es posible en el marco de un delicado equilibrio que, cuando se rompe, pone en alto riesgo a la vida en general y a la vida humana en particular. Por ello, el salto cualitativo que la época nos exige como habitantes de esta “casa común”, es trabajar para construir formas de vida y de civilización centradas en el respeto e impulso de la vida.

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Desde donde se le vea, esto implica una responsabilidad muy grande, pero debemos pensar en términos de nuestra generación, la cual debe tomar consciencia del daño que los seres humanos estamos produciendo en la biosfera y, quizás, sea la última generación que está en capacidad de hacer algo para frenar el perjuicio ambiental.

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Como ya se dijo, participar en el proceso de toma de decisiones eleva el nivel de compromiso, del que sin embargo muchas personas y algunos gobiernos se autoexcluyen, el debate y las acciones a tomar en torno del cambio climático se convierten en una oportunidad para acercarnos un poco más a la justicia social, la a sostenibilidad ambiental, al desarrollo económico inclusivo y, por lo tanto, a una transformación social y ecológica que permita una mayor calidad de vida para esta y las próximas generaciones.