2. Proyecciones presupuestarias y la institucionalidad democrática
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Foto de Ricardo Gómez Ángel vía Unsplash

Paquete 2022: cambio y continuidad 

Saúl Escobar Toledo

Instituto Nacional de Antropología e Historia

 

 

 

El “paquete económico” para 2022 incluye los Criterios Generales de Política Económica (CGPE); la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF); y el Proyecto de Presupuesto (PEF). Fue entregado por el Ejecutivo al Congreso en días pasados y contiene algunos cambios significativos que vale la pena mencionar, en relación con los años previos de esta administración.

 

Del lado de la LIF, encontramos un incremento de los ingresos tributarios, que aumentarían del 13.6% al 14.0% del PIB en comparación con este año. Son menores a los de 2020, un año atípico por la pandemia; y superiores a los del sexenio anterior que promediaron un 12.6% (CIEP, 2021). Hay por lo tanto una mejoría que merece ser destacada. No obstante, debe hacerse notar que el ISR (impuesto sobre la renta), a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir la evasión fiscal, se incrementará en apenas 4.9%. De esta manera, los ingresos totales del gobierno aumentarán sólo en un 1.3%, en comparación con lo estimado para este año.  En estas condiciones, se calcula que el déficit público llegaría a 3.1% (similar al esperado para 2021, aunque superior al presentado en las administraciones anteriores) (SHCP, 2021). Para cubrir este faltante, se propone contratar un mayor endeudamiento interno por 850 mil millones de pesos y 3,800 millones de dólares en los mercados internacionales.  El incremento se dará, según la iniciativa, sobre todo en los préstamos en moneda nacional, que aumentaría en casi un punto del PIB (0.7%) respecto a 2021 (Presidencia de la República, 2021).

De esta manera, el gasto también aumenta. Destacan el renglón de la salud (15.2% en términos reales) y el financiamiento a los programas sociales. Dentro de estos últimos, de manera relevante, la pensión para adultos mayores y en seguida, las becas escolares (CGPE, 2021).

De esta manera, el gasto también aumenta. Destacan el renglón de la salud (15.2% en términos reales) y el financiamiento a los programas sociales. Dentro de estos últimos, de manera relevante, la pensión para adultos mayores y en seguida, las becas escolares (CGPE, 2021).

El gasto en inversión, después de varios años, muestra por fin una expansión (14.3% en términos reales). El proyecto que recibirá una mayor cantidad de recursos será el Tren Maya. Habrá, igualmente, asignaciones importantes para “vías de comunicación y transporte” lo que incluye al nuevo aeropuerto internacional. Por otra parte, se prevé un mayor gasto para estados y municipios (4.7 por ciento) (SHCP, 2021).

Estos números, en comparación con 2020 y 2021, muestran que se trata de un paquete menos conservador, más flexible y atinado.  Sin embargo, no debemos olvidar que la disrupción de las actividades económicas en todos estos meses de pandemia ha dejado en la pobreza a millones de familias. Éstas vieron reducirse sus ingresos laborales a tal punto, que casi 9 millones más de mexicanos no pudieron comprar la canasta básica alimentaria. El porcentaje de la población total que padeció estas condiciones pasó del 35.6 a 44.3% del total, entre el primero y el tercer trimestre de 2020 (CONEVAL, 2021).  

Para comprender la magnitud de los daños, se puede señalar que, durante los meses en los cuales la situación fue más severa durante el año 2020, fueron excluidas del mercado laboral 11 millones de personas, quienes dejaron de formar parte de la población económicamente activa (PEA), es decir, dejaron de trabajar y no buscaron un empleo. Muchas de ellas han regresado a sus actividades; no obstante, todavía hay tasas relativamente altas de desempleo abierto y subempleo.

Debe subrayarse que, en el segundo trimestre de este año, la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostraba que casi 8 millones de personas seguían excluidas: declararon que necesitaban trabajar, pero no veían ninguna oportunidad para ello debido a que su situación familiar (cuidado de otras personas en el hogar) o personal (enfermedades o percepción de un alto riesgo de contagio), se los impedía.

Muchos de los que lograron volver a trabajar no regresaron a sus ocupaciones anteriores. Algunos pasaron de un empleo asalariado a convertirse en trabajadores por cuenta propia.  Otros se refugiaron, principalmente, en micronegocios (6.4 millones) y los menos, en grandes establecimientos del sector industrial o de servicios (1.1 millones).

Las modalidades del empleo informal (por cuenta propia, empleo en empresas familiares o en puestos laborales sin seguridad social) se expandieron y en el segundo trimestre de este año, representaron el 56.2% de la población ocupada (frente a un 51% que se registró en ese mismo periodo del año pasado). (INEGI, 2021).

La disrupción económica causada por la enfermedad agravó viejos problemas y produjo nuevos. Según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY): “La pandemia por COVID-19 afectó particularmente el mercado de trabajo… y sus efectos fueron asimétricos entre hombres y mujeres, entre grupos etarios, entre quienes tienen bajo y alto nivel educativo, entre zonas y regiones del país, entre trabajadores formales e informales, y entre sectores económicos. Todo lo anterior empeoró la situación de grupos tradicionalmente más vulnerables…” (Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 2021).

La pérdida de ingresos que todos estos fenómenos han representado para los hogares no ha sido compensada, ni se contempla ninguna medida para ello en el presupuesto 2022. Ante esta merma, muchas familias tuvieron que sacrificar parte de su patrimonio para poder comer. Es probable que hayan vendido algunos bienes (o dejado de adquirirlos), incluso que se hayan mudado de domicilio a un lugar más modesto. En cambio, los estratos más acomodados, que no fueron afectados severamente por la caída de sus rentas, vieron aumentar su riqueza patrimonial debido a que se incrementaron el valor de los activos financieros (bonos, acciones bursátiles, etc.) y de sus propiedades inmobiliarias (Credit Suisse Research Institute, junio 2021).

Por otro lado, hay que hacer notar que el paquete económico previsto para el próximo año tiene, sobre todo, una orientación redistributiva y, en menor medida, se enfoca en una modernización del aparato productivo. Los programas sociales prioritarios concentran un gasto equivalente al 1.44% del PIB, mientras que los programas de infraestructura más destacados alcanzan un 0.5% del mismo (SHCP, 2021). El esfuerzo en este último renglón no parece suficiente. De acuerdo con un estudio preliminar, el nivel de la inversión pública de 2022 sería el más alto desde 2017, pero inferior al de 2014 (Provencio, 2021). Según las cifras proporcionadas en los CGPE, la formación bruta de capital fijo del sector público cayó a un ritmo anual de -6.2% con un acumulado de casi 25% negativo entre 2015 y 2018. Entre 2019 y 2021 (con datos al primer trimestre de este último año), fue de -28.3% acumulado. Observando esta tendencia en un plazo más largo, el declive sería de cuatro puntos del PIB entre 2009 y 2021. Ello explicaría la caída de la formación bruta total (pública y privada) en una proporción similar en esos años (Provencio, 2021).

No hay ninguna duda de que México requiere una mejor distribución del ingreso; sin embargo, ello no debe relegar el esfuerzo de fortalecer la planta productiva del país. La administración del presidente López Obrador no ha otorgado la misma importancia a las dos cosas. Ello se debe probablemente a que, ante la falta de recursos presupuestales, considera que es mejor apoyar con recursos en efectivo a las familias, que dedicar mayor presupuesto a las obras de modernización económica. Sin embargo, los estudios y propuestas de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de diversas universidades de México y el mundo, han señalado que una mejor distribución del ingreso y un mayor crecimiento no sólo son posibles, sino que deben marchar juntos. 

Un plan sustentado en “dos pies”: programas sociales y fortalecimiento de la estructura productiva mediante la inversión pública, impulsaría el empleo con un aumento sostenido de los salarios mínimos y contractuales y, al mismo tiempo, nos proveería de mayores capacidades para competir en los mercados globales.

Para lograrlo, resulta indispensable una reforma fiscal progresiva. Según algunos estudios, se podría gravar con tasas mayores al segmento más rico de las personas (se ha calculado que bastaría afectar al 3% que se sitúa en la cúspide) y reducir las aportaciones de los más pobres e incluso de fragmentos de las clases medias (Casar, 2021). Ésta y otras medidas arrojarían mayores recursos para cambiar el rumbo de la economía y lograr un país más justo. Descartar la posibilidad de “cobrar más impuestos” (sin especificar a quién y cómo), nos deja atados a un modelo de crecimiento con un futuro poco promisorio: según las proyecciones de Hacienda, el PIB crecería 4.1% en 2022, apenas para alcanzar los niveles pre pandémicos; sin embargo, entre 2023 y 2027 se crecería a un promedio de 2.7%, similar al de los tiempos neoliberales. El bajo crecimiento de las últimas décadas se explica por la caída de la inversión, sobre todo pública. Si a ello agregamos que el consumo interno ha crecido (al 3,3% anual entre 2015 y 2018) menos que las exportaciones (5.55%) (SHCP, 2021), podemos ver que la marcha de la economía mexicana ha dependido de la inversión privada (muy baja) y de la venta de mercancías en el exterior.

Este patrón de desarrollo ha propiciado ingresos laborales reducidos; niveles de pobreza crónicos; finanzas públicas que acusan una significativa falta de recursos para atender las necesidades básicas de los mexicanos; y una mayor dependencia de los mercados internacionales, particularmente de Estados Unidos. 

El análisis del paquete 2022 revela que, aun tomando en cuenta los nuevos programas sociales y los llamados “megaproyectos “, la administración de AMLO no se propone una transformación de las bases fundamentales del modelo económico. Sigue apoyándose, principalmente, en el impulso de nuestro vecino norteño. 

Persistir en esta senda, cuando a todas luces hay una realidad distinta, equivale a condenar a millones de mexicanos a la penuria y a un país lastrado por desigualdades crecientes Por ello, una visión de largo plazo es indispensable, no sólo para tratar de resarcir lo perdido sino también para responder a los cambios de los últimos años, muchos de ellos irreversibles.  

 

Fuentes:

 

Casar, J. I. (2021). El impuesto sobre la rentade las personas y la impostergable reforma fiscal. En V. autores. Posibilidades para una reforma al impuesto sobre la renta de las personas. Ciudad de México: Friedrich Ebert Stiftung, p. 11.

 

Centro de Estudios Espinosa Yglesias. (2021, septiembre). 5o boletín de Movilidad social en el mercado de trabajo.

 

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). (2021). Implicaciones del Paquete Económico 2022. Ciudad de México: CIEP.

 

CONEVAL. (2021). Informe referente a la pobreza laboral al segundo trimestre de 2021. Ciudad de México.

 

Credit Suisse Research Institute. (2021, junio). Global wealth report 2021. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Resultados de la encuesta nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. Cifras al segundo trimestre de 2021. 

 

Presidencia de la República. (2021). Ley de Ingresos de la Federación. Ciudad de México.

 

Provencio, E. (2021). Análisis del programa hacendario para 2022. Borrador.

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). (2021). Criterios Generales de Política Económica (CGPE). Ciudad de México: SHCP.