Centroamérica también ha mostrado avances en reducir las brechas de acceso a la electricidad, de una cobertura eléctrica del 82.5% en 2010, alcanzó un 93.1% en 2019, lo cual es relevante, pero insuficiente para la universalización de dichos servicios. La International Energy Agency (IEA) estima que actualmente 3.8 millones de habitantes en la región carecen de acceso a la electricidad, la mayor parte de los cuales se encuentra en las áreas rurales de Centroamérica, donde 15 de cada 100 personas aún no cuentan con acceso al servicio, en comparación con 2 de cada 100 en las áreas urbanas. Este fenómeno suele llamarse el desafío de la última milla, ya en la medida en que los países se acercan a la universalización energética, los retos se vuelven más complejos porque las personas sin acceso a electricidad se localizan en áreas rurales, retiradas, de difícil acceso, por lo que para el mercado no resulta rentable llevarles energía.

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Los avances en el sector energético también se ven reflejados en la participación de las fuentes renovables en la generación eléctrica. La energía renovable puede suministrar 40 veces la energía que se necesita en todo el mundo y representa una alternativa frente al uso de combustibles fósiles, que son los responsables de la mayor parte de las emisiones de carbono. A pesar de ese potencial, en 2011, apenas una cuarta parte (25.1%) de la capacidad energética instalada mundial, utilizaba fuentes hidroeléctricas, eólicas, de biomasa, solar u cualquier otra renovable para la generación de energía. Para 2021, el 36.5% de la capacidad instalada tiene como base fuentes energéticas renovables. Respecto al promedio mundial, los países de Centroamérica tienen una mayor capacidad instalada con base en energías renovables, pero esa capacidad es aún limitada respecto al potencial que estas tienen. De acuerdo a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Estado de la Región (2015) «la región está bien dotada de recursos energéticos renovables y cuenta con un potencial teórico de hidroelectricidad y geotermia que sería suficiente para abastecer las necesidades regionales de las próximas décadas; sin contar la energía eólica, la biomasa y la solar». Sin embargo, para 2019 solo el 66.8% de la generación eléctrica de la región provenía de fuentes renovables, y la tercera parte restante todavía depende de combustibles fósiles. A nivel nacional, en algunos países como Panamá, Nicaragua y Honduras el desaprovechamiento de las fuentes renovables es incluso mayor, porque apenas la mitad de su electricidad tiene este tipo de procedencia. El Salvador y Guatemala, presentan un mejor aprovechamiento, con alrededor del 70.0% de generación renovable de electricidad. Costa Rica juega un liderazgo regional, pues desde 2015 más del 99.0% de su generación eléctrica tiene origen en fuentes renovables, dentro de las cuales destacan las hidroeléctricas (IRENA, 2021).

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Los avances aún son insuficientes en la región, pero son posibles. Sin embargo, la transición hacia un sistema energético que no solo universalice el acceso a la electricidad, sino que también sea más sostenible en términos ambientales, no ocurrirá de manera espontánea ni automática. Particularmente, Centroamérica requerirá de Estados fuertes que participen activamente por medio de políticas públicas congruentes con los objetivos y compromisos energéticos suscritos nacional e internacionalmente. Esa participación estatal puede presentarse en, al menos, tres formas de ejecución: de manera indirecta, directa o mixta.

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La primera se basa en la utilización de incentivos fiscales (exoneraciones, exenciones, subvenciones y/o subsidios), es decir, otorgar a empresas el privilegio de no pagar impuestos o recibir una compensación monetaria, a cambio de realizar inversiones en energías renovables. A la fecha, esta ha sido una de las estrategias predilectas de los Estados centroamericanos, pero la evidencia empírica de su efectividad no ha sido concluyente y en la mayoría de casos solo ha significado el sacrificio de recursos públicos. Incluso la OCDE (2015) señala que los impuestos sobre energías contaminantes resulta un instrumento más efectivo frente a los incentivos, ya que no solo permiten aplicar el principio de que «el que contamina, paga», sino que también permite fortalecer los recursos de los Estados. Lamentablemente, esta es una alternativa que los países de Centroamérica aún no han impulsado.

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Una segunda vía por la que los Estados centroamericanos pueden incentivar un mayor uso de fuentes renovables, es mediante la inversión pública directa en empresas públicas productoras de energía. En la década de los 90, en la región se adoptó el dogma de que el Estado no debía involucrarse en actividades productivas, lo que en el sector energético se tradujo en la privatización de las empresas públicas energéticas, con excepción de Costa Rica. Pero en un contexto donde el mercado es incapaz de dar respuesta a las grandes inversiones requeridas para adoptar energías renovables, o para recorrer la última milla hacia la universalización del servicio, el liderazgo de los Estados resulta clave.

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La tercera opción es una alternativa mixta, es decir, asociaciones público-privadas en las que el Estado tiene participación en las empresas de energía u otorga concesiones a entes privados. Para que esta alternativa contribuya a alcanzar los objetivos deseados, debe de replantearse el rol del Estado en los asocios: el sector público ya no puede ser un «socio tonto» que financia las inversiones asumiendo los riesgos, mientras el sector privado se adueña de las ganancias, algo económicamente ineficiente y socialmente injusto; por lo que el esquema de asociación debe asegurar que el Estado también sea partícipe de los beneficios y ganancias generadas.

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Finalmente, un elemento que no puede dejarse de lado al discutir la importancia de promover las energías renovables, es que el desarrollo de las mismas debe hacerse de una manera socialmente participativa e inclusiva. Al día de hoy, el Atlas de Justicia Ambiental reporta al menos 23 conflictos socio-ambientales vinculados a la implementación de proyectos hidroeléctricos y problemas de gestión del recurso hídrico, desplazamiento de personas, modelos de gestión excluyente, falta de consulta previa, desviación de cuerpos de agua, corrupción, entre otros. Algunos de estos conflictos han escalado hasta provocar la pérdida de vidas humanas, por lo que es indispensable que el desarrollo de las energías renovables se realice en estricta observancia y cumplimiento de los derechos humanos. Solo así Centroamérica y cada persona que habita en ella, finalmente, podrá aprovechar las energías renovables como medio para avanzar en su proceso de desarrollo sostenible.