1. Las reformas de seguridad y electoral: objetivos y riesgos
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Foto de Cuartoscuro

El papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la historia electoral

Daniel Tacher Contreras

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo

 

 

 

Los procesos de transición a la democracia implican formar instituciones que garanticen tanto el desarrollo de los procesos electorales como la competencia electoral. El objetivo es que la celebración de elecciones sea periódica, libre y auténtica, y que estas instituciones ayuden a dar certeza a la incertidumbre. Se trata de asegurar que haya sobre las reglas que fundamentan la renovación del poder y, al mismo tiempo, que se desconozca de forma predeterminada a los ganadores para asegurar la confiabilidad en las elecciones.

En México este proceso fue largo, pero tuvo un momento central en la creación y posterior autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE). El IFE, fundado en 1990, se formó como un organismo dotado de carácter permanente, personalidad jurídica y patrimonio propio, pero solamente a partir de 1996 comenzó a ser un organismo autónomo. Esta autonomía eliminó la presencia y dirección del Poder Ejecutivo en las elecciones. Con la reforma de 2007, se fortalecieron las facultades de fiscalización del Instituto que, en 2014, se transformó en Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentó sus capacidades para construir un sistema nacional electoral.

Este modelo institucional de organización de elecciones se complementó con un proceso denominado calificación electoral, el cual es consecuencia de la resolución de controversias o impugnaciones suscitadas en los procesos electorales. A los órganos encargados de dicha resolución se les denomina como contenciosos electorales y son de dos tipos: contenciosos electorales políticos y contenciosos electorales jurisdiccionales.

Los órganos contenciosos electorales políticos son aquellos que reservan a alguna de las Cámaras del Poder Legislativo la declaración de validez o calificación de la elección, así como la resolución de los medios de impugnación que se presenten. Mientras los órganos contenciosos electorales jurisdiccionales implican que las controversias sean interpuestas ante un juez o un tribunal.

Desde el siglo XIX, la calificación de los procesos electorales en México quedó en manos de la Cámara de Diputados, que se conformaba en Colegio Electoral. Esto implicaba que la Cámara de Diputados validara su propia elección, es decir, las impugnaciones eran revisadas por los mismos impugnados. Aunque en 1977 se introdujo, como parte de las atribuciones de la Suprema Corte, un medio para estudiar las resoluciones del Colegio Electoral, este recurso no era vinculante y la calificación de las elecciones siguió en manos del Colegio Electoral.

Por lo anterior, en el proceso de transición democrática, uno de los principales elementos fue el cambio de la calificación política de las elecciones a una de tipo judicial. El proceso no fue sencillo. El primer intento fue el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL), un órgano autónomo electoral encargado de resolver los recursos de apelación y queja. Sin embargo, sus facultades eran limitadas porque sus resoluciones podían ser modificadas o revocadas por el Colegio Electoral. La segunda institución fue el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), cuya principal deficiencia era que no pertenecía al Poder Judicial, por lo que su capacidad de analizar impugnaciones derivadas de la jornada electoral no era definitiva. Las resoluciones del TRIFE podían ser revisadas, e incluso modificadas, por el Colegio Electoral.

Finalmente, cuando mediante la reforma de 1996 el IFE logró constituirse como un órgano autónomo, también se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este Tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, al ser un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. En resumen, con la consolidación de un órgano contencioso electoral jurisdiccional, se eliminó la auto-calificación política, se creó un sistema de medios de impugnación contra actos de autoridad y cómputo de resultados electorales, y por último, se creó un mecanismo de protección de derechos políticos, por primera ocasión en la historia de México.

Con las reformas de 2007, se estableció la renovación de los magistrados en forma escalonada. En 2014, se adicionó una Sala Especializada en la resolución de impugnaciones sobre normas de propaganda política o electoral, además de aquellas consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña.

La transición democrática en México solo puede entenderse en el marco de la formación de sus instituciones, a través de las cuales se ha asegurado la certeza y legalidad en los procesos electorales. Los mecanismos de control sobre el proceso y resultados electorales son tales, que dependen de diversas etapas, sujetas a revisión por diferentes instancias hasta agotar su definitividad.

Muestra de lo anterior se observa en el calendario de actividades posteriores a la jornada electoral. Los resultados de la jornada electoral federal realizada el 6 de junio pasado fue revisada primero, en las sedes distritales del INE; segundo, en las sedes estatales del mismo INE; en tercer lugar; por el Consejo General del propio Instituto. Sin embargo, estos resultados pudieron ser impugnados y revisados por las Salas Regionales y, en última instancia, por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Estas actividades concluyeron, para la elección federal, el pasado 23 de agosto, es decir 77 días después de la jornada electoral. Este largo y a veces engorroso proceso, es resultado de la formación de mecanismos que garanticen la legalidad y certeza de los resultados electorales.

Si se toma en cuenta que la jornada electoral del pasado 6 de junio incluyó elecciones en las 32 entidades, deben agregarse los mecanismos estatales de control al proceso de revisión de las inconformidades. Por ello, considerando los calendarios de cambio de poderes, en algunas entidades el proceso aún no ha terminado.

La formación de estas instituciones es el resultado del cambio político basado en la desconfianza. La desconfianza en la capacidad de actuación autónoma de órganos gubernamentales, para conducir procesos electorales. Desconfianza basada en la experiencia histórica de un sistema de partido hegemónico, que consolidó esta posición a partir del fraude. La solución encontrada a ello fue dotar de autonomía a los órganos electorales y ciudadanizarlos. De esta forma, la vigilancia del proceso por la ciudadanía es una pieza clave.

 

El conflicto en la Sala Superior del Tribunal Electoral

En el proceso electoral 2020-2021, un conflicto interno y presiones políticas externas pusieron en el centro de la coyuntura a las magistraturas integrantes de la Sala Superior del  Tribunal Electoral. El detonante público de este conflicto fue la sesión del pasado 4 de agosto, realizada en el último tramo de la calificación de las elecciones federales. Una mayoría de cinco magistrados decidió la revocación de la presidencia de este órgano. Entre disputas legales, el pleno resolvió nombrar una presidencia interina que condujera los trabajos del Tribunal, hasta concluir la calificación de las elecciones federales y convocar a una nueva designación en septiembre.

Independientemente de los nombres, los detalles del conflicto en su origen y desarrollo, esta coyuntura levantó el debate sobre el futuro de este tribunal y del conjunto de las instituciones electorales. En esta controversia, se olvida o ignora de forma deliberada el origen y función de las autoridades electorales. El debate se ha centrado en dos temas: la reducción del Congreso y el costo de las elecciones.

En cuanto a la disminución del Congreso, el tema se enfoca nuevamente en la eliminación de la representación proporcional. Este ha sido tema de un debate recurrente. El efecto que tendría esta reducción es la sobre representación de los partidos mayoritarios, que terminaría por cerrar la puerta a la pluralidad. En los últimos años, desde la reforma de 2014, gracias a estas candidaturas se ha logrado paridad total en los órganos de representación. Y mediante acciones afirmativas, se ha posibilitado la entrada de grupos subrepresentados, discriminados y en desventaja. La LXV Legislatura será la primera absolutamente paritaria y con un 13% de diputaciones que representan acciones afirmativas. Por lo tanto, eliminar la representación proporcional es una propuesta claramente vista desde el poder y no desde la ciudadanía.

La merma en el costo de las elecciones se ha asociado al diseño institucional basado en una estructura federalizada, la cual implica que en cada entidad se cuente con un órgano administrativo electoral y uno judicial. Sumando las 32 entidades y las autoridades federales, se formaron 66 organismos. Plantear la desaparición de los órganos locales e incorporar sus funciones a las autoridades federales, implica reformular todo el sistema de gestión electoral y borrar la esencia federal de la República.

En concreto, en materia de justicia electoral, se propone que los tribunales locales se incorporen al TEPJF como salas locales. Esto no implica reducir la judicialización electoral, ni considerar que los procesos poselectorales sean un muro de contención que prevenga prácticas fraudulentas. En términos prácticos, no se resuelve ningún problema. Sin embargo, la coyuntura que vive el Tribunal Electoral ha puesto de manifiesto que, detrás de todo, se encuentra el cuestionamiento al “protagonismo de las autoridades electorales”, aunque se entienda poco su labor.

En el fondo, proponer la restructuración de las instituciones electorales consiste en disminuir sus capacidades reglamentarias, interpretativas y jurisdiccionales. Los vacíos normativos o sus contradicciones son resueltos gracias a estas facultades. El desempeño del Tribunal Electoral ha garantizado el ejercicio de derechos, a través de la jurisprudencia electoral. No hay duda de que ninguna institución es perfecta, pues siempre podrá mejorarse cualquier diseño institucional. Pero también se ha demostrado que el sistema electoral funciona.

El debate sobre el futuro del sistema electoral debe voltear a fortalecer y empoderar a la ciudadanía. El sistema de gestión electoral no es problema. El fondo de cualquier reforma electoral debe mejorar la calidad de la representación y abrir los espacios públicos a las demandas sociales. En lugar de debilitar a las instituciones, estas se deben fortalecer para acercarlas a la ciudadanía, garantizando la transparencia de su labor y haciendo más accesible su funcionamiento.