El caso de la auconsulta en tres poblados de Yucatán revela un interés más genuino, porque surge de las mismas comunidades, que son las afectadas por el funcionamiento de megagranjas porcícolas en los territorios que habitan como son Kinchil, Celestún y San Fernando. En estos tres poblados, las granjas porcícolas están actualmente operando y la capacidad de cada una supera los 20 mil cerdos.

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Antecedentes sobre megaproyectos de tipo porcícola en Yucatán

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Antes de profundizar en la autoconsulta mencionada, es importante hacer notar que los megaproyectos de tipo porcícola afectan amplias zonas en Yucatán y han sido denunciados ampliamente. El antropólogo Rodrigo Llanes Salazar ha escrito sobre el rechazo de la megagranja porcícola de Homún, por ejemplo, que “ha visibilizado, como ningún otro, las problemáticas asociadas con las granjas ganaderas en el Estado, particularmente la contaminación del agua de los cenotes y el medio ambiente. Así, a partir de este caso se han dado a conocer otros, como el de la granja de Kinchil, en donde la contaminación ya ha generado lo que se ha llamado una ‘laguna negra’; la de San Antonio Chel y la granja de Chapab”.

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En este texto, interesan especialmente dos aspectos que ha subrayado este especialista. En primer lugar,  la relevancia y actualidad de hacer visibles los derechos de libre determinación del pueblo maya, así como su derecho a un medio ambiente sano, particularmente de la infancia. Si bien esos son temas prioritarios para estas poblaciones, las autoridades de justicia se han interesado más por otras aristas, obligadas por las presiones de los grandes grupos económicos mayormente interesados en el beneficio económico de sus  proyectos. Llanes asegura que “Se trata de un caso en el que los jueces han tenido que ponderar entre el desarrollo económico y el derecho a un medio ambiente sano, si bien, como sostienen las Naciones Unidas y diversos organismos internacionales y especialistas, la oposición entre desarrollo y medio ambiente es una falsa oposición, pues un proyecto que genera impactos significativos al medio ambiente no puede considerarse desarrollo”.

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En esta misma línea de análisis, llama la atención el origen de este tipo de proyectos en Yucatán, que comenzaron a impulsarse en el marco de la crisis de la industria henequenera a fines de la década de los sesenta. Según Llanes, el gobierno estatal en esos años impulsó proyectos porcícolas a pequeña escala, distribuyendo sementales y créditos o creando granjas colectivas con capacidad de 24 a 165 vientres. Con la construcción del Puerto de Altura de Progreso se facilitó la llegada de más de 20 mil toneladas de granos, lo que detonó la industria porcícola a mayor escala.

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Ya en la década de los noventa, el gobierno federal de Ernesto Zedillo se encargó de crear clusters industriales en todo el país y, en Yucatán, hubo un énfasis en la producción de carne de cerdo, res y pollo. Esa estrategia marcó el destino de la zona y generó los graves problemas del presente.

La periodista Karla Casillas ha investigado el caso de Homún y ha documentado que en 2009, el Anillo de Cenotes de la Península de Yucatán, donde se encuentra la comunidad, fue incluida en la lista Ramsar de humedales considerados importantes a nivel global. En 2013 se declaró Área Natural Protegida por el gobierno de Yucatán, con lo cual se prohibió cualquier actividad “no compatible” con el ecosistema existente. A pesar de todos estos esfuerzos y declaratorias, en 2016, el presidente municipal otorgó a la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) una licencia de uso de suelo para instalar una megagranja que inició sus operaciones en 2018.

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En Homún, sin embargo, se sentó un precedente interesante por la actuación de la población indígena organizada. En este sentido, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmaron en mayo pasado la suspensión otorgada a favor de seis niñas y niños de esa comunidad, quienes presentaron un amparo contra la empresa PAPO. La suspensión está vigente desde el 9 de octubre de 2018. Las obras para la megagranja de Homún deben seguir detenidas hasta que se resuelva en fondo del juicio de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Yucatán.

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Estos esfuerzos en Homún han impedido hasta ahora la construcción de las instalaciones, diseñadas para albergar hasta a 49 mil animales. El amparo promovido se sustenta en diversos argumentos, como el uso de permisos irregulares para su instalación, la ausencia de una consulta a las personas que habitan los municipios afectados y los potenciales efectos en el medio ambiente.

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La autoconsulta indígena en Kinchil, Celestún y San Fernado

 

Los pueblos de mayas de Kinchil, Celestún y San Fernando convocaron a una autoconsulta sobre la operación de megagranjas porcinas en sus territorios. Los habitantes de estas demarcaciones que respondieron a la convocatoria tuvieron que responder con “sí” o “no” a la pregunta siguiente:  “Como pueblo ¿le das permiso al dueño de la granja para seguir trabajando en nuestro territorio?”.

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En la convocatoria a la autoconsulta, las comunidades indígenas acusan “la omisión del Estado mexicano, federal, estatal y municipal, para otorgar los permisos a diversos proyectos extractivistas”. Han denunciado también “el silencio del gobierno, las empresas y las autoridades que no hablan de las afectaciones, de los riesgos y de las consecuencias que traen consigo estos proyectos de desarrollo por lo cual nosotros estamos organizando la consulta, con todas las fases que marcan los estándares internacionales”.

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Los comités mayas convocantes aseguran que dicha omisión es “una clara violación” a sus derechos a la autonomía y a la libre autodeterminación que les confiere la Constitución por ser pueblos indígenas.  “Ya es hora de que se tomen en serio los derechos del pueblo maya, ya es hora que el Estado empiece a tomarnos en serio, no somos pueblos de la historia, somos pueblos vivos y el Estado tiene que respetar nuestro derecho a manifestar nuestra decisión como pueblo, por eso le decimos, que nunca más sin nuestro permiso”.

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La autoconsulta tuvo una fase informativa y las asambleas de dicha fase se realizaron el 15 de julio en los tres pueblos mencionados, mientras la fase consultiva tuvo lugar el 25 de julio. En Celestún ganó el “no”; en Kinchil, el “sí”; y en San Fernando hubo votación cerrada que favoreció el “no”.

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A lo largo de este proceso, afloraron posiciones encontradas dentro de las comunidades. Los grupos a favor del “No” a la operación de las megagranjas manifestaron su preocupación por el uso excesivo del agua para el funcionamiento de las empresas y, por otro lado, la contaminación del subsuelo en sus comunidades. Los grupos que favorecen la operación de las megagranjas argumentan que son fuentes de trabajo importantes y contribuyen al desarrollo urbano.

 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) fue invitada a observar el proceso de autoconsulta convocado por las comunidades indígenas y reconoció la importancia de este ejercicio, que no estuvo exento de dificultades en su organización y desarrollo, en el contexto de la pandemia. En un comunicado, la ONU-DH afirmó que “Las comunidades organizadoras del proceso decidieron hacer uso de la autoconsulta ante la falta de procesos de consulta acordes a los estándares internacionales que les ha privado de la posibilidad de participar en la toma de decisiones sobre el modelo de desarrollo en sus territorios”.

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En este sentido, la autoconsulta permitió a las comunidades establecer un diálogo interno y expresar sus posiciones en torno a los impactos de las granjas porcícolas instaladas en la zona sin que se les hubiera consultado previamente sobre su instalación. La ONU-DH subrayó que “los estándares internacionales de Naciones Unidas reconocen la importancia del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, así como la posibilidad de que los pueblos indígenas desarrollen e implementen sus propios modelos de desarrollo y bienestar. Asimismo, recuerda la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos de la población indígena afectada por su operación de acuerdo a los estándares de debida diligencia”.

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Sobre las autoconsultas, un grupo de especialistas ha escrito que “surgen a partir de la insatisfacción de comunidades indígenas (especialmente de aquellas con posiciones anti-extractivistas) con respecto a la implementación deficiente de consultas previas por parte del Estado y de su apelación al derecho a la libre autodeterminación como pueblos indígenas”. En el artículo titulado “Conversando con Goliat. Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales”, las autoras señalan que las autoconsultas o consultas comunitarias están a cargo de las propias comunidades con base en los derechos consuetudinarios que las rigen y no interviene el órgano centralizado gubernamental del nivel federal.

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La necesidad de que se apliquen y garanticen los mecanismos de democracia directa a nivel federal en México se ha revelado en el marco de la creciente implementación de megaproyectos en minería, hidrocarburos, e industria eólica e hidroeléctrica en las últimas décadas (y, como se revela en este artículo también la industria porcícola). Entre dichos mecanismos se hallan el referéndum, plebiscito, iniciativa popular o ciudadana a nivel federal. Según el artículo mencionado, México carece de una regulación de ese tipo y solamente existen leyes estatales (en 30 de los 32 estados) que varían en grado y forma. La aplicación de estos mecanismos es “prácticamente inviable” en el país, pues industrias como las que se han mencionado son atribución de la federación. A ello, debe añadirse que las formas de participación han sido empleadas muy escasamente, debido a que los requisitos para su aplicación “tienen parámetros tan difíciles de lograr que su implementación práctica se vuelve compleja”.

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Comentario final: la relevancia de proteger la Península de Yucatán

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La importancia de preservar los recursos naturales se justifica ampliamente por las razones hasta aquí mencionadas. Sin embargo, tiene un sustento de interés global si se considera, además, que la selva maya de la Península de  Yucatán está considerada un reservorio de biodiversidad “asombroso” porque ofrece protección al suelo contra la erosión al acumular materia orgánica y, además, evita tanto el arrastre de sustratos como el azolve en otros sitios, según los hallazgos del informe denominado “Contaminación del acuífero maya. Responsabilidad gubernamental y empresarial”.

 

En dicho informe, se destaca que la Península yucateca  también genera agua para el consumo humano y para riego, provee oxígeno y capta dióxido de carbono (CO₂), una poderosa defensa contra el calentamiento global (es el principal sumidero de carbono en el país). De la misma forma, aporta recursos vegetales y animales aprovechables como alimentos, medicinas y es hábitat de innumerables especies de flora y fauna, hongos y microorganismos. En la zona, se localiza la reserva hidrológica de aguas subterráneas más importante de México, ya que alberga cuatro acuíferos con una recarga media de 25 316 hm3, es decir, más del 32% de la recarga media nacional