1. Las reformas de seguridad y electoral: objetivos y riesgos
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Sobre la Guardia Nacional o del riesgo de la militarización

Emilio Alvarez Icaza Longoria

Senador de la República

 

 

 

En las elecciones del pasado 6 de junio, las personas electoras optaron por un fuerte mensaje de contrapesos y límites al gobierno federal. El partido en el gobierno, MORENA, dejó de tener la mayoría simple en la Cámara de Diputados (al perder 55 diputaciones) y junto con sus aliados como coalición gobernante, también perdió la mayoría calificada. Es claro que la dinámica de la Cámara de Diputados será distinta a partir del 1º de septiembre y con ello, la del Congreso de la Unión, aunque la composición del Senado de la República sea la misma.

Por una parte, cualquier modificación a la Constitución será obligadamente mucho más difícil. O se construye un acuerdo con la oposición o simplemente no habrá cambio constitucional. Algo así sucederá con nombramientos que requieren al menos dos tercios de la votación para su aprobación, por ejemplo, designaciones de Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral (INE). En este tipo de decisiones, o hay acuerdo o sencillamente el gobierno no podrá sacar adelante sus propuestas.

Por la otra, las aprobaciones que requieran mayoría simple (leyes y presupuesto, entre otras), seguirán siendo posibles para el bloque gobernante, con la salvedad de que ahora eso dependerá del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tristemente célebre por ser una expresión muy acabada de la corrupción política, delincuencia electoral y venta de votos al poder. Esta situación no deja de ser una tragedia para el país y un problema para el presidente López Obrador y su partido, ya que de ahora en adelante cualquier aprobación deberá requerirá a una instancia mercenaria de la política para pasar. Muy delicado escenario para la débil democracia mexicana.

En este contexto, justo después de conocerse el resultado electoral descrito arriba, sorprendió enormemente que el presidente haya anunciado que propondría tres reformas constitucionales. Una en materia energética, otra en materia electoral y una última en materia de la Guardia Nacional (GN). ¿Cómo así? ¿Justo cuando él pierde la mayoría para hacer reformas constitucionales anuncia propuestas de reformas? La verdad es que no se entiende fácilmente qué pretende el presidente con este proceder.

Quiero ahondar en la tercera propuesta, la referida a la GN. Se trata de militarizar esta corporación, integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional y así orgánica, legal y administrativamente, convertirla en una institución militar, parte de las Fuerzas Armadas (FFAA). Es decir, se pretende reconocer constitucional y legalmente lo que el presidente siempre quiso, desde el inicio de su gobierno y que dislocó el Senado al cambiar radicalmente la propuesta inicial y mandatar una GN civil. Luego la Cámara de Diputados aprobó lo que el Senado cambió y se sentaron las bases para una institución civil, contrario a lo que siempre quiso y ha operado el presidente. De hecho, en el artículo 5º transitorio de esa reforma constitucional que crea la GN, se retomaron los fundamentos de la sentencia del caso Alvarado y otros vs. México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que limitan y sancionan con claridad los criterios de intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

El texto constitucional vigente y de ley establecen, sin lugar a duda, que la GN es una institución civil, con mando civil y directrices de operación civil; sin embargo, el presidente ha optado por implementar una entidad con militares, dirigida por militares, integrada mayormente por militares y con procesos militares contrario a lo que mandató el Poder Legislativo. Y ahora que ya no tiene mayoría constitucional, el presidente regresa a su propuesta de inicio.

Pero ¿por qué esto es muy grave? Esencialmente porque se avanza de manera sostenida y firme en la militarización de la vida pública del país. Es blindar aún más el modelo que promueve la participación de las FFAA en la vida pública del país. Este es un problema mucho mayor que el propio carácter de la GN. Increíble e inesperadamente, López Obrador, ha optado por dar al Ejército y la Marina una enorme cantidad de tares nuevas, para muchas de las cuáles no tienen atribuciones, formación ni capacidad y que corresponden a instituciones civiles.

Paulatinamente en los dos años y medio de gobierno hemos sido testigos de un desplazamiento sistemático y continuo de las entidades civiles ante las FFA. En estos meses se han asignado más de 37 tareas civiles a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) El siguiente cuadro muestra con claridad lo referido:

Fuente: Cuadro elaborado por Alfredo Lecona, incluido en: Arana Aguilar, Daira, “Militarización y Militarismo: los riesgos para la democracia y los derechos humanos en México”; en La Revista Antimilitarista, No 1, abril de 2021, Colectivo #SeguridadSinGuerra, Ciudad de México, México, pp 4-7. Disponible en: www.seguridadsinguerra.org

Más allá del debate sobre la viabilidad de una reforma constitucional que otorgue carácter militar a la GN, el debate tendrá que ser más de fondo. ¿Es el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública lo que México necesita?, ¿las acciones del gobierno de López Obrador le dan la razón histórica, cultural y política a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el uso de las FFA para estas labores?, ¿podemos construir un modelo de seguridad democrática?

Las respuestas a estas y otras preguntas pertinentes, cobra ahora especial sentido. El dilema de la seguridad y el respeto a los derechos humanos ha perseguido a México de manera intensiva los últimos 30 años, por lo menos. Es un problema común en América Latina, región que se proyecta como una de las más violentas del planeta. De hecho, muy infelizmente, nuestro subcontinente concentra algunas de las ciudades más inseguras y violentas.

Este desafío ha tenido una respuesta de los gobiernos de distinto signo ideológico, basada esencialmente en los mismos términos: incrementar penas, endurecer castigos, usar a militares en labores de seguridad pública, además de sacrificar derechos y libertades a costa de una seguridad que no llega, sino que se aleja cada vez más o se mantiene lejana y distante.

Contrario a lo dicho por López Obrador durante sus años de opositor y a lo ofrecido como candidato, su gobierno no sólo abrazó el mismo paradigma de los anteriores, sino que lo agudizó, profundizó y ahora pretende blindarlo constitucional y legalmente.

La militarización de la GN está acompañada de una serie de propuestas legislativas, donde quedan sentadas las bases para que lo que se ha realizado de hecho, ahora sea por derecho.

Hay que decirlo con claridad, muchas de las funciones nuevas que se le han asignado a la SEDENA y a la SEMAR en diversas ocasiones, no tienen más fundamento que la instrucción presidencial. Esto ha ocasionado una fuerte batalla judicial y hay un cúmulo importante de asuntos relacionados con estas materias, esperando respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La judicialización de las normas de seguridad dista mucho de ser la vía adecuada para la construcción de una política de Estado en materia de seguridad democrática. Esto último requiere visión y un compromiso alejado del pragmatismo pues, la corta visión y la rentabilidad política de corto plazo van en detrimento de medidas estructurales de largo plazo.

Con grande preocupación, vemos que esa no es la visión que priva en esta administración. Por el contrario, mediante el uso de la mayoría parlamentaria, en los últimos meses se han modificado diversos ordenamientos en materia de administración pública, puertos, aduanas y marina mercante, atribuciones de las FFAA, entre otras para tratar de reforzar la concepción militarista de López Obrador. Muy recientemente, a principios de septiembre se aprobó una nueva Ley Orgánica de la Armada de México, en la que se estableció la intervención de esta dependencia en labores de seguridad pública, incluso más allá del texto constitucional, en un peligroso exceso.

Estas medidas, junto con la propuesta de la inclusión de la GN en el Ejército, constituyen una visión autoritaria; es el armado paulatino, sistemático y constante de un rompecabezas que deja ver un entramado cada vez más autoritario de la seguridad y de la sociedad. Un conjunto de piezas separadas, que al empezar a unirse van formando un todo, que resulta preocupantemente autoritario. Esto no solo se refiere al mencionado proceso de militarización, sino también a otras medidas, como el incremento de la prisión preventiva oficiosa, el acrecentamiento de nuevas penas y más años de sanción por diversos delitos; así como la cancelación de supervisión judicial, en diversas actuaciones ministeriales, administrativas y más.

Este tiempo, donde la gente decidió poner un alto, un ‘hasta aquí’, a los cambios que van en una dirección peligrosa, a las acciones gubernamentales carentes de fundamento legal, a decisiones unipersonales que se alejan de la visión de Estado y a la imposición de medidas que constituyen un riesgo para libertades y derechos, toca no sólo a la oposición legislativa sino a la sociedad toda, a los organizaciones de la sociedad civil, a personas expertas, especialistas y académicas, levantar la voz, no sólo de alarma, sino de propuesta y de acción, antes de que sea demasiado tarde.