La sociedad transitó de una economía con predominio de actividades agropecuarias e industriales, a una donde aumentaron los servicios. Esto produjo una reconfiguración de las bases populares del partido en el poder, que siguió controlando a sindicatos importantes como el petrolero, el de maestros y el de la burocracia federal.

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Con el acelerado proceso de urbanización y el surgimiento de un creciente sector informal de la economía, el PRI desarrolló nuevas clientelas mediante amplios y violentos sistemas de cooptación y control de grupos de trabajadores informales urbanos, sometiendo a comerciantes ambulantes, aseadores de calzado, distribuidores de periódicos y revistas, entre otros. De la misma forma, extendió sus redes hacia los numerosos pobladores de colonias populares.

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En 1977 Rosario Ibarra de Piedra creó el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos (¡Comité Eureka!), la primera organización de familiares de víctimas que reclamaban el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En las últimas décadas, las organizaciones de víctimas han proliferado en todo el país frente al aumento de la violencia criminal y las disputas por el poder político.

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Como consecuencia del creciente malestar de la población, la reforma política de 1977 amplió la participación legal hacia otros partidos políticos como el Comunista Mexicano, aunque se mantuvo el control corporativo de las organizaciones por el PRI.

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La percepción en la década siguiente es que ese partido sufrió una pérdida creciente de sus bases políticas en el territorio, además del debilitamiento de las organizaciones que lo integraban. Esto se aceleró con la profunda crisis económica de 1982 que produjo, por primera vez en la historia del país, un despido masivo de trabajadores industriales. Aceleró, además, el tránsito de un supuesto modelo de nacionalismo revolucionario con fuerte presencia del Estado, a un régimen neoliberal que provocó una abrupta apertura de la economía mexicana a la competencia externa, la privatización de la mayoría de las empresas propiedad del Estado y una liberación de los mercados. Más mercado y menos Estado fue el credo de los gobiernos priistas hasta el año 2000, mismo que prevaleció en los tres gobiernos de la alternancia política posterior e incluso hasta ahora, no logra revertirse.

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Este paulatino debilitamiento del partido único comenzó a crear fisuras en la vida política corporativa y clientelar del país, considerándose la década de los años ochenta como una de gran efervescencia política, a la que se agregó además el sismo de 1985, que fue un importante gatillo del activismo cívico y de las organizaciones ciudadanas.

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Con la veloz urbanización surgieron varios movimientos de colonias, en una lucha por el acceso al suelo y a servicios públicos. Destacan el Movimiento Tierra y Libertad en Monterrey, así como en el entonces Distrito Federal, el Movimiento Urbano Popular, la UPRES, la Asamblea de Barrios que se unieron en la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). La invasión de tierras de las ciudades como práctica de lucha, fue incluso aprovechada por el PRI.

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En esas dos décadas fueron apareciendo también organizaciones feministas, de defensores de derechos humanos y de ambientalistas, que abrieron la ruta para que principalmente sectores de la clase media empezaran a formar lo que en ese entonces se denominó Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las cuales ahora se conocen como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Estas organizaciones luchan por causas, por la defensa y reconocimiento de derechos, no por el poder.

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Los activistas cívicos formados en la Teología de la Liberación profundizaron su trabajo en el territorio y promoviendo la defensa de los derechos humanos.

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Las diversas protestas encabezadas por el doctor Salvador Nava en San Luis Potosí entre 1958 y 1992, son consideradas como el primer movimiento cívico, de resistencia civil, por el respeto al voto. Este fue el origen del Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) y del movimiento civil constituido por organizaciones en todo el país, que buscaron avanzar inicialmente hacia una democracia representativa.

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Un impulso al movimiento por la democracia proviene del gran y evidente fraude electoral cometido por el PRI en 1988, en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de la izquierda democrática.

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Con todos los riesgos, se iniciaron actividades de observación ciudadana en distintos procesos electorales y se activaron organizaciones locales con ese propósito.

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La unión de siete de organizaciones condujo, en 1994, a la creación de Alianza Cívica A.C. que se constituyó un gran movimiento civil, el cual aglutinó a otras muchas organizaciones en los Estados y convocó a cerca de 15 mil personas en todo el territorio nacional, para la observación de las elecciones. Fue una gran escuela de activismo cívico que marcó a muchas personas.

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El levantamiento zapatista de enero de 1994, que visibilizó y colocó en el imaginario público la histórica discriminación hacia los pueblos originarios, fue un ingrediente más para mostrar el deterioro alcanzado por el control del país bajo el modelo autoritario y clientelar.

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De este modo, el gobierno del PRI tuvo que irse abriendo paulatinamente, primero para ampliar hacia otros partidos la competencia política, después al mejorar y generar confianza en los instrumentos electorales, para finalmente ceder la organización de las elecciones a un órgano constitucional autónomo y reconocer su derrota en las elecciones del año 2000. Desde la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976) se empezaron a explorar modalidades de democracia participativa, como consejos y comités ciudadanos, juntas vecinales, y prácticas de planeación participativa. Estas alcanzaron un gran auge en los años noventa, sin embargo, las posiciones en estos espacios siempre acababan en manos de los militantes y de las clientelas del PRI.

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Cuarenta años de protestas ciudadanas, marchas, movilizaciones, paros, tomas de instalaciones, denuncias y huelgas de hambre, contribuyeron a transitar hacia una democracia formal.

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El Siglo XXI con una democracia formal

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A lo largo de los primeros veinte años del siglo XXI, con igual lentitud y sin haber consensuado con oportunidad un proyecto para transitar de una democracia formal a una participativa, la sociedad civil organizada, la pluralidad en el Congreso y en los gobiernos estatales y municipales, lograron importantes avances.

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Se crearon varios órganos autónomos como contrapesos profesionales e independientes del Gobierno, para asumir funciones que, concentradas en el Poder Ejecutivo, permiten perpetuar y consolidar al partido en el poder.

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Se expidieron varias leyes de participación ciudadana en los estados y a nivel federal. Se han realizado ejercicios de consultas ciudadanas, de plebiscitos, de iniciativas populares y de presupuesto participativo. Se crearon varios mecanismos para el diálogo social y el diálogo en políticas públicas. Se promulgó la Ley para el Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 2004 y se ampliaron recursos públicos para proyectos de las OSC.

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Sin embargo, la lentitud de los cambios en materia democrática y de fiscalización, así como en la procuración e impartición de justicia, sumados a la crisis económica del 2009 con el mantenimiento de una economía que no crecía y no generaba empleos; la captura de diversos consejos de los órganos autónomos por parte de los partidos políticos; el auge del crimen organizado y su alianza con miembros de las élites económicas y políticas y los altos niveles de impunidad y corrupción prevalecientes, condujeron a un gran hartazgo de la población. Con la institucionalidad electoral independiente que tantos años llevó construir, en el 2018 cerca de 30 millones de personas se inclinaron por un candidato que prometía un cambio de régimen, atacar la pobreza, la corrupción y la impunidad.

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La consulta popular del 1 de agosto de 2021

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Con un claro rechazo del gobierno actual a la sociedad civil organizada, un desprecio al papel jugado por los movimientos y organizaciones sociales y civiles en la apertura democrática del país, llegamos el pasado 1 de agosto a la primera consulta popular nacional.

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Fue organizada por las maltratadas autoridades electorales, a petición del presidente de la República y con una pregunta ininteligible ideada por la Suprema Corte de Justicia, para evitar incurrir en situaciones de inconstitucionalidad y acatar los deseos del Presidente.

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Cabe preguntarse si era necesario el ejercicio costoso, complejo, incluso inoportuno, de la consulta popular del pasado 1 de agosto, dada la crisis sanitaria, económica y social agregada a la profunda crisis de derechos humanos que vive el país. En esa misma línea, es lógico preguntarse si la conversación, las prioridades y los recursos públicos más bien deberían enfocarse a reducir el sufrimiento y la muerte de miles de mexicanos por la pandemia y la pérdida de empleos, ingresos, viviendas, alimentación y educación.

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La pregunta que se puede formular es ¿quién necesitaba una consulta a la que sólo acudieron 6.5 millones de ciudadanos, de un total de 93.6 millones de la lista nominal, es decir, sólo el 7.11%? Una consulta que costó 528 millones de pesos y puso en movimiento a 300 mil funcionarios en las mesas de votación.

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¿Cuál será su utilidad? ¿Cambiará algo? ¿Juzgarán a los expresidentes o se crearán comisiones de la verdad para investigar los crímenes del pasado, que fue la esperanza de muchas organizaciones de víctimas, de derechos humanos y de las comunidades originarias?

 

Así como fue lento el caminar hacia una democracia formal, mayores obstáculos habrá que superar para avanzar en modalidades útiles de participación ciudadana: entre ellas, la profunda desigualdad, la discriminación y la pobreza; la falta de tiempo, de información y de reconocimiento de nuestros derechos; el clientelismo político, la ausencia de estado de derecho y la desconfianza en las instituciones.

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Un largo y sinuoso camino.

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Referencias

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Alberto J. Olvera (2009). La participación ciudadana y sus retos en México. Un breve estudio del desarrollo de la cultura y de las instituciones participativas y diagnóstico de su problemática actual, con propuestas para hacer funcionales las instancias de participación democrática.