En situaciones de emergencia social, como la actual crisis de salud producto de la propagación de Covid-19, el derecho a la información presenta desafíos comunicativos donde además de informar, la comunicación tenga características de divulgación y se centre en comunicar conceptos y términos médicos de forma sencilla y accesible. La responsabilidad estatal es aún mayor como garante del derecho a la información; tiene la obligación de garantizar la producción y circulación oportuna y transparente de información. Informar es una obligación parte de las instituciones gubernamentales, especialmente las sanitarias.

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Por otro lado, la responsabilidad social de los medios de comunicación es central para difundir informes, datos, cifras, análisis y recomendaciones que orienten al público en acciones concretas de prevención, control y tratamiento de las enfermedades.

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En el contexto actual garantizar el derecho a la información permite tomar decisiones a la ciudadanía. La responsabilidad de las autoridades se incrementa. Sin embargo, la emergencia global ha mostrado la cara oscura de esta responsabilidad, casos como el de Donald Trump asegurando que tomar cloro puede combatir el Covid-19 ha llevado a más de un centenar de personas a las salas de urgencias en Estados Unidos. Presidentes y Primeros Ministros como Jair Bolsonaro, en Brasil, Boris Johnson, en Reino Unido, o Scott Morrison en Australia, minimizan o niegan la existencia del virus, lo que ha llevado a las sociedades a relajar medidas de seguridad y prevención.

 

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Antecedentes del “decretazo”

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En México durante el siglo XX, el modelo de desarrollo de telecomunicaciones se centró en el modelo norteamericano donde la inversión privada corrió el riesgo del desarrollo e inversión principalmente en radio y televisión. Sin embargo, la adopción del modelo norteamericano no implicó la protección al derecho a la libre expresión de las ideas; por el contrario, los mecanismos de censura desde el poder se fortalecieron.

Uno de los principales mecanismos fue la distribución discrecional de concesiones de estaciones de radio y televisión, así como su potencial sanción con el retiro de las mismas. El segundo fue de carácter fiscal: los concesionarios tenían una carga fiscal del 25% sobre sus utilidades.

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En 1969, el presidente Díaz Ordaz determinó por decreto la eliminación del pago de impuestos a los concesionarios de radio y televisión, por un pago en especie que se denomina tiempos fiscales. Los concesionarios debían pautar el 12.5% de su tiempo de transmisión para uso gubernamental. En los usos del léxico político se denominaron como tiempos de Estado.

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Durante el gobierno de Vicente Fox se promulgó un nuevo decreto que modificó los tiempos que dispondría el gobierno. Ese decreto redujo sustantivamente estos tiempos a solamente el 1.25%. Esta reducción significó que el Estado dispondría de 18 minutos en televisión y 35 en radio. El resultado del llamado “decretazo” de Fox fue denunciado como un pacto con los principales empresarios de medios de comunicación y las presiones que ejercían sobre el gobierno. Un efecto directo significó el crecimiento del presupuesto de comunicación social de mil millones de pesos a tres mil millones.

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En las campañas electorales de 2006, los partidos políticos podían acceder a tiempos adicionales a los establecidos por la ley mediante un mercado abierto en radio y televisión. Los resultados de esa elección pusieron de manifiesto un mercado del que los medios se beneficiaban a cambio de hacer comentarios favorables hacia los candidatos y partidos con mayores gastos. El malestar producto de esta elección llevó a un nuevo modelo de comunicación política que eliminó el marcado de spots.

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La reforma política de 2008 estableció que la autoridad electoral distribuiría el tiempo del Estado entre los partidos políticos durante las campañas electorales. Esto significaba la distribución de 15 minutos diarios para promoción electoral. El cierre del mercado de spots electorales provocó una rebelión de los concesionarios, quienes en un abierto sabotaje al modelo de comunicación suspendieron la transmisión del Super Bowl de 2009 para transmitir los 15 minutos en un bloque completo.

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La tensión entre los medios de comunicación y las instituciones estatales y políticas fue incrementando al grado de establecer regulaciones mayores para los concesionarios en materia político-electoral. Con la reforma del año 2014, el nuevo Instituto Nacional Electoral mantuvo la rectoría sobre los tiempos estatales y regulaciones sancionatorias en aras de garantizar la equidad electoral.

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Finalmente, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto los cuestionamientos sobre el uso del presupuesto en materia de comunicación social concluyó con amplias reformas en la materia. Una de las primeras fue la denominada reforma estructural en materia de Telecomunicaciones. En esta, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dotado de plena autonomía, que es el ente responsable de otorgar concesiones a través de subastas públicas. Con ello, se eliminó la discrecionalidad y control del Ejecutivo. Hacia el final del sexenio, se público la Ley General de Comunicación Social, con el objetivo de transparentar el gasto en este sector.

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El resultado de este proceso de cambio permitió establecer diferencias en el tiempo en radio y televisión que puede utilizar el estado y las instituciones públicas. En la Ley Federal de Telecomunicaciones se estableció el concepto de Tiempos de Estado que corresponde con 30 minutos de los cuales puede disponerse para la difusión de temas educativos, culturales y de interés social administrados por la Secretaría de Gobernación. Entre las transmisiones de tiempos del Estado, se encuentra la correspondiente al Himno Nacional a las 6:00 y 24:00 hrs.

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En contraste, la Ley General de Comunicación Social establece los tiempos fiscales. Estos corresponden con el pago que deben hacer los concesionarios como tributación fiscal. Los tiempos fiscales correspondientes al 1.25% del tiempo se distribuyen 40% para el Ejecutivo, 20% para todos los órganos autónomos, 30% para el Poder Legislativo y 10% para el Poder Judicial. Durante estos tiempos fiscales, las diferentes instituciones pueden difundir información y promoción sobre sus actividades.

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El nuevo “decretazo” en tiempos de crisis

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El 23 de abril de 2020 con la publicación del “nuevo decretazo” el presidente dispuso la entrega del 40% del tiempo fiscal que le corresponde al Ejecutivo, dejando el tiempo fiscal correspondiente a las demás instituciones sin modificación. Así el Ejecutivo les regala 7 minutos diarios a cada empresa de televisión y 14 minutos diarios a cada radiodifusora. De acuerdo con lo expresado en la conferencia del 3 de abril, pero no expuesto en el decreto, el objetivo es que los medios pudieran comercializar el tiempo otorgado. Sin embargo, ese objetivo es legalmente imposible, pues los concesionarios solamente pueden comercializar el 25% del tiempo, aun teniendo siete minutos adicionales en televisión ó 14 en radio; estos no se pueden comercializar.

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Detrás de estas consideraciones económicas también se encuentra la reducción del gasto del gobierno en comunicación social. El gobierno del presidente López Obrador redujo en 40% el gasto total en este rubro; la reducción se tradujo en un gasto de 2 mil 500 millones de pesos en 2019, aunque la reducción no fue generalizada y aún pueden observarse medios favorecidos con gasto en comunicación social.

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Reflexiones finales

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En el marco de la pandemia producida por el Covid-19, el Poder Judicial cedió la totalidad de su tiempo fiscal al poder Ejecutivo para la transmisión de información sobre la enfermedad con el fin de fortalecer las acciones preventivas de la sociedad. En contraste, el Ejecutivo regaló a los concesionarios tiempo de gran valía en tiempos de emergencia sanitaria.