1. La pandemia en México: la economía y las decisiones del Ejecutivo

Los “decretazos” de ayer y hoy para medios de comunicación. No son iguales, pero hacen lo mismo

 
Daniel Tacher

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo

@Dr_Tacher

El pasado 3 de abril el presidente Andrés López Obrador anunció que entregaría tiempos de radio y televisión a los concesionarios sobre los tiempos estado (sic). De acuerdo con el dicho del presidente, esto permitiría a los medios comercializar ese tiempo y, con ello, apoyar a los empresarios ante la crisis económica. Sin embargo, el anuncio de este decreto dejó dudas ante la ambigüedad de los términos usados por el presidente y abrió un nuevo debate sobre la importancia de la comunicación en tiempos de emergencia como la que actualmente atravesamos. Finalmente, el 23 de abril disiparon parte de las dudas relacionadas con los alcances fiscales no así la importancia de la comunicación social en tiempos de crisis.

En este artículo revisaremos la importancia que tiene para la sociedad contar con información confiable, veraz y oportuna en momentos de crisis como la actual emergencia sanitaria, además del crucial papel de la comunicación gubernamental y la responsabilidad social de los medios de comunicación. Asimismo, revisaremos el marco legal que implica el uso de tiempos en radio y televisión en el caso mexicano, donde la norma establece que el Estado es propietario originario del territorio, así como de los recursos que en él se encuentran, incluido el espacio radioeléctrico. Finalmente, las implicaciones del denominado “decretazo” a favor de los medios de comunicación.

 

Derecho a la información

Las características de los derechos humanos radican en principios centrales de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, integridad, inalienabilidad e imprescriptibilidad. En el caso del derecho a la información, este convive con el ejercicio de derechos a la libertad de pensamiento y expresión, además de ser un  metaderecho (multiplicador de otros derechos) ya que es necesario para poder ejercer plenamente otros derechos.

El derecho a la información garantiza que las personas puedan buscar y recibir información por parte de entidades estatales (con excepción de aquello clasificable como información restringida en materia de seguridad nacional). Como derecho, implica obligaciones del Estado de promover, garantizar y proteger, de tal forma que es la garantía a atraerse información, a informar y ser informado.

El derecho a la información implica que las personas puedan acceder a los archivos, registros y documentos públicos, así como de ejercer la libertad de decidir a qué medio lee, escucha o contempla. Como se puede apreciar, implica un ejercicio dual, el derecho a la libertad de expresión y derecho a ser informado de forma objetiva y oportuna sin exclusión alguna.

De esta forma, el Estado, en todos sus niveles, está obligado a diseñar e implementar acciones que garanticen  la transparencia y la rendición de cuentas, incluido el acceso a la información pública, a buscarla, obtenerla y comunicarla. En segundo, garantizar la conectividad de todos los ciudadanos en función del desarrollo tecnológico como medio para garantizar el acceso a dicha información.

En situaciones de emergencia social, como la actual crisis de salud producto de la propagación de Covid-19, el derecho a la información presenta desafíos comunicativos donde además de informar, la comunicación tenga características de divulgación y se centre en comunicar conceptos y términos médicos de forma sencilla y accesible. La responsabilidad estatal es aún mayor como garante del derecho a la información; tiene la obligación de garantizar la producción y circulación oportuna y transparente de información. Informar es una obligación parte de las instituciones gubernamentales, especialmente las sanitarias.

Por otro lado, la responsabilidad social de los medios de comunicación es central para difundir informes, datos, cifras, análisis y recomendaciones que orienten al público en acciones concretas de prevención, control y tratamiento de las enfermedades.

En el contexto actual garantizar el derecho a la información permite tomar decisiones a la ciudadanía. La responsabilidad de las autoridades se incrementa. Sin embargo, la emergencia global ha mostrado la cara oscura de esta responsabilidad, casos como el de Donald Trump asegurando que tomar cloro puede combatir el Covid-19 ha llevado a más de un centenar de personas a las salas de urgencias en Estados Unidos. Presidentes y Primeros Ministros como Jair Bolsonaro, en Brasil, Boris Johnson, en Reino Unido, o Scott Morrison en Australia, minimizan o niegan la existencia del virus, lo que ha llevado a las sociedades a relajar medidas de seguridad y prevención.

 

Antecedentes del “decretazo”

En México durante el siglo XX, el modelo de desarrollo de telecomunicaciones se centró en el modelo norteamericano donde la inversión privada corrió el riesgo del desarrollo e inversión principalmente en radio y televisión. Sin embargo, la adopción del modelo norteamericano no implicó la protección al derecho a la libre expresión de las ideas; por el contrario, los mecanismos de censura desde el poder se fortalecieron.

Uno de los principales mecanismos fue la distribución discrecional de concesiones de estaciones de radio y televisión, así como su potencial sanción con el retiro de las mismas. El segundo fue de carácter fiscal: los concesionarios tenían una carga fiscal del 25% sobre sus utilidades.

En 1969, el presidente Díaz Ordaz determinó por decreto la eliminación del pago de impuestos a los concesionarios de radio y televisión, por un pago en especie que se denomina tiempos fiscales. Los concesionarios debían pautar el 12.5% de su tiempo de transmisión para uso gubernamental. En los usos del léxico político se denominaron como tiempos de Estado.

Durante el gobierno de Vicente Fox se promulgó un nuevo decreto que modificó los tiempos que dispondría el gobierno. Ese decreto redujo sustantivamente estos tiempos a solamente el 1.25%. Esta reducción significó que el Estado dispondría de 18 minutos en televisión y 35 en radio. El resultado del llamado “decretazo” de Fox fue denunciado como un pacto con los principales empresarios de medios de comunicación y las presiones que ejercían sobre el gobierno. Un efecto directo significó el crecimiento del presupuesto de comunicación social de mil millones de pesos a tres mil millones.

En las campañas electorales de 2006, los partidos políticos podían acceder a tiempos adicionales a los establecidos por la ley mediante un mercado abierto en radio y televisión. Los resultados de esa elección pusieron de manifiesto un mercado del que los medios se beneficiaban a cambio de hacer comentarios favorables hacia los candidatos y partidos con mayores gastos. El malestar producto de esta elección llevó a un nuevo modelo de comunicación política que eliminó el marcado de spots.

La reforma política de 2008 estableció que la autoridad electoral distribuiría el tiempo del Estado entre los partidos políticos durante las campañas electorales. Esto significaba la distribución de 15 minutos diarios para promoción electoral. El cierre del mercado de spots electorales provocó una rebelión de los concesionarios, quienes en un abierto sabotaje al modelo de comunicación suspendieron la transmisión del Super Bowl de 2009 para transmitir los 15 minutos en un bloque completo.

La tensión entre los medios de comunicación y las instituciones estatales y políticas fue incrementando al grado de establecer regulaciones mayores para los concesionarios en materia político-electoral. Con la reforma del año 2014, el nuevo Instituto Nacional Electoral mantuvo la rectoría sobre los tiempos estatales y regulaciones sancionatorias en aras de garantizar la equidad electoral.

Finalmente, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto los cuestionamientos sobre el uso del presupuesto en materia de comunicación social concluyó con amplias reformas en la materia. Una de las primeras fue la denominada reforma estructural en materia de Telecomunicaciones. En esta, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dotado de plena autonomía, que es el ente responsable de otorgar concesiones a través de subastas públicas. Con ello, se eliminó la discrecionalidad y control del Ejecutivo. Hacia el final del sexenio, se público la Ley General de Comunicación Social, con el objetivo de transparentar el gasto en este sector.

El resultado de este proceso de cambio permitió establecer diferencias en el tiempo en radio y televisión que puede utilizar el estado y las instituciones públicas. En la Ley Federal de Telecomunicaciones se estableció el concepto de Tiempos de Estado que corresponde con 30 minutos de los cuales puede disponerse para la difusión de temas educativos, culturales y de interés social administrados por la Secretaría de Gobernación. Entre las transmisiones de tiempos del Estado, se encuentra la correspondiente al Himno Nacional a las 6:00 y 24:00 hrs.

En contraste, la Ley General de Comunicación Social establece los tiempos fiscales. Estos corresponden con el pago que deben hacer los concesionarios como tributación fiscal. Los tiempos fiscales correspondientes al 1.25% del tiempo se distribuyen 40% para el Ejecutivo, 20% para todos los órganos autónomos, 30% para el Poder Legislativo y 10% para el Poder Judicial. Durante estos tiempos fiscales, las diferentes instituciones pueden difundir información y promoción sobre sus actividades.

El nuevo “decretazo” en tiempos de crisis

El 23 de abril de 2020 con la publicación del “nuevo decretazo” el presidente dispuso la entrega del 40% del tiempo fiscal que le corresponde al Ejecutivo, dejando el tiempo fiscal correspondiente a las demás instituciones sin modificación. Así el Ejecutivo les regala 7 minutos diarios a cada empresa de televisión y 14 minutos diarios a cada radiodifusora. De acuerdo con lo expresado en la conferencia del 3 de abril, pero no expuesto en el decreto, el objetivo es que los medios pudieran comercializar el tiempo otorgado. Sin embargo, ese objetivo es legalmente imposible, pues los concesionarios solamente pueden comercializar el 25% del tiempo, aun teniendo siete minutos adicionales en televisión ó 14 en radio; estos no se pueden comercializar.

Detrás de estas consideraciones económicas también se encuentra la reducción del gasto del gobierno en comunicación social. El gobierno del presidente López Obrador redujo en 40% el gasto total en este rubro; la reducción se tradujo en un gasto de 2 mil 500 millones de pesos en 2019, aunque la reducción no fue generalizada y aún pueden observarse medios favorecidos con gasto en comunicación social.

 

Reflexiones finales

En el marco de la pandemia producida por el Covid-19, el Poder Judicial cedió la totalidad de su tiempo fiscal al poder Ejecutivo para la transmisión de información sobre la enfermedad con el fin de fortalecer las acciones preventivas de la sociedad. En contraste, el Ejecutivo regaló a los concesionarios tiempo de gran valía en tiempos de emergencia sanitaria.

Los principales ganadores de esta cesión, sin duda, son las empresas que constituyen el duopolio televisivo que tendrán siete minutos adicionales de transmisión de su programación y, a pesar de los recortes en comunicación social, TV Azteca obtuvo contratos por 284 millones de pesos en 2019.

Finalmente, los tiempos de la emergencia sanitaria refuerzan la responsabilidad que deben asumir las autoridades estatales. Negar la emergencia solo provoca su crecimiento como en el caso de Brasil. Hablar de falsos remedios puede provocar mayores daños a la salud como en Estados Unidos. Señalar que la tendencia de contagios se encuentra controlada o que las personas pueden y deben seguir consumiendo sin peligro de contagio, puede generar un escenario descontrolado de la epidemia. Al cierre de este artículo, México estaba muy cerca de los 20 mil casos, con una tasa de mortalidad de 9.6% una de las más altas en el mundo. La responsabilidad de las autoridades de brindar información oportuna, veraz y científicamente comprobada salvará vidas. El máximo número de recursos disponibles debe estar a disposición de ese objetivo, lo contrario solo presagia un desenlace catastrófico.

Danos tu opinión
¡Clasifícanos!Bastante malNo tan bienBienMuy bienImpresionante¡Clasifícanos!

Síguenos en redes

BRÚJULA CIUDADANA. Es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tel. (55) 55141072, 

Editor responsable: Elio Villaseñor Gómez.

Editora de la revista, Delmy Xiomara Peraza Torres. 

Diseño: Judith Meléndrez Bayardo

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. 

El material de esta publicación puede ser mencionado o reproducido siempre y cuando se cite la fuente.

LOG-INICIATIVA.png
Logo Puente Ciudadano.png