2. LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA, ALGUNAS ARISTAS

Ayotzinapa: retos del nuevo gobierno y urgencia de la verdad

 
Adazahira Chávez

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

A poco más de 1825 días de los hechos de Iguala, en los que 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada, seis personas más fueron ejecutadas arbitrariamente -entre ellas, tres normalistas- y decenas más quedaron heridas, la búsqueda de verdad y justicia se encuentra en un escenario inédito: por una parte, el nuevo gobierno ha dado signos indudables de voluntad política para resolver el caso; pero, por otra parte, la investigación penal armada por la Procuraduría General de la República (PGR) hoy se está cayendo en tribunales, con la consecuencia de que personas que pueden contar con información relevantísima para dar con los normalistas están en libertad sin que haya, a la fecha, nuevas acusaciones ni detenciones. 

Para situarnos, es conveniente dar un repaso a la historia de un caso de naturaleza altamente compleja y que prontamente se convirtió en un episodio emblemático de la grave crisis de derechos humanos que atravesaba el país, con la macrocriminalidad como huella distintiva. También se constituiría en emblemático de la forma de (no) afrontar con justicia los casos de graves violaciones a derechos humanos.

 

De la noche de Iguala a la verdad histórica

 

Desde la noche del 26 y 27 de septiembre, los gobiernos intervinientes -tanto el gobierno estatal como el de Enrique Peña Nieto, ya en octubre- trabajaron con el objetivo de darle un cierre político de bajo costo al caso. La presión social era inusitada, con manifestaciones en prácticamente todo el orbe, y bajo la mirada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había ordenado medidas cautelares para las víctimas -hay que recordar que, como parte de estas medidas y por presión de las familias y sus representantes, el Gobierno federal había aceptado que se conformara un grupo internacional de expertos para supervisar el caso en tiempo real, es decir, el Grupo Interdisciplinar de expertos Independientes (GIEI), que llegaría a México a inicios de 2015.

 

Tras un primer momento, en noviembre de 2014, en el que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF, actuando como perito de las familias) tuvo que dar a conocer que los restos encontrados en fosas clandestinas en Pueblo Viejo, en Iguala, no correspondían a los normalistas, como se había presumido, muy pronto llegó el anuncio público de la “verdad histórica”.

 

Para enero de 2015 se redondeó la teoría oficial según la cual los normalistas habrían sido entregados en un solo grupo al crimen organizado, trasladados al basurero de Cocula, privados de la vida, incinerados y sus restos esparcidos en el río San Juan. El anuncio de esta estuvo acompañado de videos donde los presuntos responsables “confesaban” a cámara su participación y por el peritaje a restos óseos, uno de los cuales daría positivo a un normalista; a la postre, sabríamos por un informe de la ONU-DH que varias de estas personas fueron torturadas y, por un informe del GIEI, que la cadena de custodia de los restos óseos no fue debidamente respetada.

 

Las familias y sus representantes inmediatamente presentamos diez razones de peso por las cuales no se podía dar por cerrado el caso de esa manera, entre ellas: que la versión estaba basada primordialmente en testimonios que presentaban fuertes contradicciones entre ellos; que había inconsistencias entre lo hallado en el basurero y las confesiones base de la “verdad histórica”; la falta de independencia y confiabilidad de los peritajes y la falta de investigación del caso de Julio César Mondragón y de los distintos niveles de responsabilidad de autoridades involucradas. A la fecha, estas razones persisten y han logrado validez en tribunales y ante organismos internacionales.

El EAAF agregaría un poco después, a través de un estudio multidisciplinario, que había errores en la recolección de los perfiles genéticos, que se recolectó evidencia sin su presencia, que no se mantuvo la custodia en el basurero, que en el lugar había evidencia de múltiples eventos de fuego, pero ninguno de las dimensiones necesarias para incinerar a 43 personas, y que había restos humanos que no pertenecían a los normalistas.

No obstante, el gobierno peñista insistía en su verdad como la única posible, ignorando los elementos que apuntaban a un involucramiento de funcionarios más allá del nivel municipal y a líneas distintas a la suya.

 

 

La llegada del GIEI

 

La primera fase del mandato del GIEI, iniciado en marzo de 2015, permitió al grupo realizar una profunda inmersión en la investigación. A pesar de algunos obstáculos, contaron con condiciones básicas para realizar su trabajo, como poder entrevistar a víctimas, testigos y presuntos perpetradores. El 6 de septiembre de 2015 el grupo presentó su primer reporte: “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”. En él concluyó que no había existido una pira humana como la que según la “verdad histórica” habría ocurrido en el basurero de Cocula, y señaló la necesidad de indagar el control de los autobuses como un posible móvil.

 

El 28 de octubre del 2015, la CIDH anunció la renovación del mandato del GIEI. En este segundo periodo los obstáculos crecieron: el Estado no permitió que se entrevistara a militares testigos de los hechos; las y los expertos tampoco pudieron volver a visitar a ninguno de los detenidos y se inició una campaña mediática y política en su contra.

 

Además, la PGR insistió en la realización de un nuevo peritaje sobre el basurero de Cocula, en el que incumplió con las condiciones acordadas con el GIEI y de manera tendenciosa presentó a la opinión pública un estudio no avalado por la totalidad de los especialistas y cuyas conclusiones no eran definitivas ni contundentes.

 

Finalmente, y sin la presencia de alguna representación gubernamental, el 24 de abril de 2016 el GIEI presentó su reporte “Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas”. Se documentó la renuencia de la PGR a profundizar en líneas de investigación distintas al basurero de Cocula. Se registraron distintas acciones ilegales que desvirtuaron la investigación, como recurrir a la tortura para manipular declaraciones o construir versiones falsas. Y se insistió en la necesidad de indagar corporaciones de seguridad de los tres distintos niveles de gobierno.

 

La culminación del mandato del GIEI, por falta de condiciones por parte del gobierno, cuando el objeto para el que había sido creado aún subsistía —al permanecer desconocido el paradero de los estudiantes—fue controversial. Las familias insistieron en la imperiosa necesidad de que continuara la supervisión internacional y pidieron a la CIDH que no les abandonara, pues de lo contrario el caso se cerraría. Así, la Comisión determinó ordenar la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento para verificar la implementación de las recomendaciones del GIEI.

 

 

La administración del caso

 

Lo que caracterizó la marcha de las investigaciones desde mediados de 2016, una vez prácticamente expulsado el GIEI, fue la dilación de tiempos por parte de las autoridades. El Gobierno federal tardaba mucho más de lo razonable en realizar diligencias, se filtraban partes específicas de la investigación a medios y no solamente no avanzó en la investigación interna, sino que reemplazó al Visitador General de la PGR -que había identificado conductas de trascendencia penal- por una funcionaria que diluyó las responsabilidades en la obstrucción de la investigación.

 

A lo largo de sus visitas oficiales, el Mecanismo de la CIDH señaló reiteradamente que el Estado tardaba más de lo razonable en concluir diligencias clave y llamó a que se abandonara la narrativa del basurero de Cocula y a que se empeñaran esfuerzos en encontrar a los estudiantes.

 

Fue en la parte última de este periodo cuando se presentaron dos episodios que iniciaron con el derrumbe definitivo de la verdad histórica, ya desmentida científicamente por el GIEI y el EAAF.

 

En marzo de 2018, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) presentó su informe “Doble Injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, en el que concluyó la existencia de sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en la etapa inicial de la investigación se le habría detenido arbitrariamente y torturado y que estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento. El gobierno salió a descalificar el informe, a pesar de que desde 2015 el organismo -que acompañó la investigación desde el principio- trabajó con informes oficiales y advirtió de los indicios de tortura.

 

Tres meses después, en junio de 2018 y en atención a diversos recursos de amparo interpuestos por la defensa de presuntos responsables, un Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del caso y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), argumentando la falta de exhaustividad en la investigación y la evidencia de tortura y buscando la protección de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.

 

El modelo era novedoso, pues proponía que en la comisión investigadora participaran también las familias de las víctimas y sus representantes, la CNDH y expertos internacionales. En vez de aprovechar esta última oportunidad, la administración peñista dedicó enormes energías a atacar la sentencia, interponiendo más de 200 recursos legales en su contra para evitar su cumplimiento.

 

Así fue como se despidió la administración peñista de uno de los casos más emblemáticos de un sexenio marcado por la violencia y la impunidad.

 

 

El cambio de gobierno y la esperanza

 

En mayo de 2018, una representación de las familias de los normalistas irrumpió en un mitin de Andrés Manuel López Obrador en Iguala. El candidato de la coalición “Juntos haremos historia” escuchó a los padres y madres, anunció que crearía una comisión de la verdad y aseguró que el caso sería el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático. Luego, como presidente electo y en el marco del cuarto aniversario de la desaparición, se reunión con las familias para refrendar su compromiso.

 

Como primer acto público de gobierno, el ya presidente López Obrador firmó el decreto para crear la Comisión para Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, cuyo fin primordial es garantizar la acción coordinada de todas las instancias de gobierno para llegar a la resolución del caso.

 

Desde entonces, hace diez meses, han cambiado sustantivamente las condiciones de investigación. La comisión presidencial, en la que participan las familias y sus representantes y está encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha hecho un esfuerzo muy encomiable. Se han realizado búsquedas y diligencias en rutas de investigación distintas a la de la “verdad histórica” y se ha tenido interlocución importante con actores institucionales relevantes. En las últimas semanas, también la FGR -que había actuado con lentitud en los primeros meses, al igual que la Secretaría de la Defensa Nacional- se sumó al nuevo impulso por conocer la verdad.

 

Sin embargo, la situación de la investigación en tribunales no ha tenido resultados positivos. A la fecha, alrededor de 80 personas de las 124 detenidas en el marco de la investigación han sido liberadas, pues la mayoría de las pruebas presentadas en su contra fue declarada como ilícita por haber sido obtenida a través de graves violaciones a los derechos humanos o al debido proceso -como la tortura. Hasta ahora, se sabe que al menos una de estas personas fue absuelta, mientras que otras fueron liberadas con reservas de ley.

 

Lamentablemente, hay elementos para pensar que varias de estas personas hoy libres cuentan con información relevante sobre el paradero de los estudiantes, sin que a la fecha se hayan presentado nuevas acusaciones o pruebas en su contra. Para las familias y sus representantes, es claro que esto es consecuencia de las irregularidades y violaciones de los derechos humanos cometidos entre 2014 y 2015 por la PGR; las acusaciones de entonces siguen siendo las que están hoy ante los jueces.

La Fiscalía General de la República (FGR) -que apenas en junio pasado creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y nombró al titular, Omar Gómez Trejo- heredó de la PGR expedientes con serios problemas en su integración, lo que hace urgente que se implementen medidas correctivas para que no se escapen las esperanzas de obtener información sobre lo sucedido en aquella noche.

Los retos de la recién creada Unidad no son menores. El nuevo Fiscal, que llega al cargo con una larga trayectoria en los derechos humanos y con las ventajas tanto de conocer a fondo el expediente como de contar con la confianza de las familias, estará a cargo de una investigación compleja, con múltiples líneas pendientes por profundizar; con acusaciones pendientes que presentar y con planes de búsqueda que materializar. Por ello resulta fundamental que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acompañe e impulse permanentemente los esfuerzos de la nueva Fiscalía Especial.

 

La Unidad deberá trabajar de la mano con organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), instancias que han mostrado su disposición para seguir colaborando con el Estado en esta labor. En este punto, será de particular relevancia completar y profundizar la asistencia internacional a través de expertos que integraron el GIEI y que están en posibilidad de volver a integrarse a los trabajos.

 

Para las familias de los estudiantes desaparecidos, aún hay esperanza. Los cinco años que hemos relatado en este texto han significado para ellas y ellos un dolor que se profundiza con cada día que pasan preguntándose por sus muchachos, una suma de decepciones de las promesas traicionadas que lograron arrancar a diversos funcionarios, un deterioro de su condición física y económica y un conocimiento de primera mano de los difícil que es romper los pactos de impunidad de décadas. Ante la lentitud de las instituciones, tuvieron que hacer presión en las calles.

 

Pero estos cinco años, han sido también una muestra impresionante de dignidad y resiliencia. Las familias siguen juntas, cohesionadas, en una hermandad de lucha que es hoy parte de la reserva moral de nuestro país. 

 

La ruta que recién ha empezado a recorrerse es promisoria, pero hace falta terminar con los pactos de impunidad y, sobre todo, dar con el paradero de los 43 normalistas, sea cual sea como dicen con dignidad los padres y las madres. Para las familias, la verdad es primordial, pero a estas alturas, es dable afirmar que sólo se llegará a esta verdad si se procede contra los funcionarios que, por motivos aun no esclarecidos, obstaculizaron la verdad.

 

Las familias sin duda comprenden que no es fácil remontar cinco años de encubrimiento, pero si las acciones emprendidas y los relevantes cambios de narrativa no desembocan en resultados tangibles, será difícil que la decepción no cunda entre ellas. La sociedad también lo ha entendido y lo demostró este quinto aniversario de la desaparición, en el que se volcó de nueva cuenta a decir que no, que aún no hay verdad ni justicia. En este largo proceso emblemático, la moneda está aún en el aire y la transformación profunda aún está por acreditarse; esperamos, por las familias y por el país, que en los siguientes meses esa moneda caiga del lado de la dignidad. 

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