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Ayotzinapa: pactos de impunidad y ventanas a la verdad
Adazahira Sánchez Pérez
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
@CentroProdh
Durante los últimos meses han tenido lugar eventos de alta relevancia para el caso Ayotzinapa. Vale la pena examinarlos puesto que el caso es no solamente uno de los emblemas de la grave crisis de derechos humanos que ha vivido México en la última década, sino un termómetro de la capacidad y voluntad de las instituciones para romper con la impunidad y asegurar el acceso a la verdad y la justicia de las miles de víctimas que se han acumulado en nuestro país.
Dos gramos relevantes para la verdad
De toda la serie de eventos, sin duda el más importante es el referido al hallazgo e identificación de un resto óseo perteneciente al normalista desaparecido Chistian Alfonso Rodríguez Telumbre, originario de Tixtla, Guerrero, hijo de Clemente y Luz María.
El hallazgo del resto óseo de apenas 2.3 gramos es enormemente significativo, pues se dio en un lugar distinto al “Basurero” de Cocula, que durante la administración federal anterior se postuló como paradero final de todos los estudiantes. Es necesario tener presente que el Gobierno federal solo acotó esta posición cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenció que la prueba científica no sustentaba esta teoría de caso.
Algunas voces defensoras de la “verdad histórica” han pretendido minimizar este hallazgo calificando como escasos los 800 metros entre el sitio donde se encontró el fragmento y el que la versión oficial presentó como paradero final de los jóvenes - postura que también ignora deliberadamente las innumerables deficiencias de esa verdad oficial, señaladas por prácticamente todas las instancias nacionales e internacionales que la han auditado con seriedad.
Pero esta distancia importa mucho. Aquí el por qué:
A partir de información brindada por fuentes que atendieron el llamado gubernamental a colaborar con la indagatoria, la Fiscalía General de la República obtuvo un dato que señalaba hacia un punto conocido como “Barranca la Carnicería”. El personal de la Fiscalía y de la Comisión Presidencial, en compañía de los representantes de las familias, se trasladó a la zona para verificar la información -como se ha venido haciendo en otras oportunidades con otros datos que pueden ser relevantes.
El terreno fue desbrozado para poder realizar la búsqueda. Ahí se encontraron múltiples indicios que fueron trasladados a la Ciudad de México, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense ayudó a seleccionar las piezas que podrían ser procesadas para la extracción de ADN. Fueron elegidas tres pequeñas piezas que, sumadas a otras tres provenientes de una búsqueda en otro lugar, se enviaron al Laboratorio de la Universidad de Innsbruck.
De ese conjunto de seis restos óseos, el laboratorio encontró coincidencia genética en una pieza, de apenas 2 gramos, respecto de una de las familias de los normalistas: la de Christian.
El resultado le fue informado a la familia de la manera más respetuosa y digna posible, sin las filtraciones o la espectacularización que caracterizaron a la anterior etapa de investigación.
Este pequeño resto hallado a 800 metros del “Basurero” de Cocula demuestra, de un modo fehaciente, que la PGR mintió cuando sostuvo ante los familiares de los normalistas y la sociedad que el destino de los 43 jóvenes estaba en el “Basurero” de Cocula. Aunque la Procuraduría tuvo noticia desde finales de 2014 de que debía buscar en la zona, no quiso agotar las diligencias; ignoró cualquier indicio que pudiera debilitar la historia oficial del caso y forzó la evidencia para ofrecer de modo apresurado una versión que cerrara políticamente el caso.
Las implicaciones de la localización de este fragmento de verdad son dolorosas para la familia de Christian y para el resto de las madres y los padres. Pero como los propios familiares afirmaron en su reunión ante el Presidente de la República, su lucha ha sido siempre por la verdad, “aunque duela”. Desde esa perspectiva, el hallazgo y la identificación de este pequeño fragmento de hueso abren una puerta de esperanza para determinar, ahora sí con certeza y con base en pruebas científicas, el paradero de todos los estudiantes y esclarecer lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Nuevas acusaciones
En segundo lugar, es necesario examinar el curso de las anunciadas nuevas acusaciones y de algunas detenciones contra presuntos responsables tanto de los hechos como de la desviación de la investigación.
Estas nuevas acusaciones son fundamentales, pero su propia ejecución muestra que no será sencillo llevar ante la justicia a los responsables. Es ilustrativo el caso del presunto líder de Guerreros Unidos, en el que supuestos sobornos a integrantes del Poder Judicial de la Federación pudieron influir en las primeras determinaciones judiciales. Además, ha logrado evadir la justicia un policía torturador que recibió cobijo como alto funcionario de seguridad de una entidad de la República.
A ello habría que agregar la solicitud de asilo político del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien tuvo a cargo la investigación mientras se construyó la versión oficial. Este procedimiento sin duda retardará la pronta rendición de cuentas.
Estos episodios muestran que la presentación de nuevas acusaciones y la obtención de órdenes de aprehensión son pasos iniciales que, para ser efectivos, deben redondearse en los tribunales actuando conforme a derecho. Su buena ejecución es fundamental para romper los pactos de impunidad que siguen rodeando al caso e impidiendo el acceso a la verdad.
Hoy sabemos que, contrario a lo afirmado por el gobierno anterior, la organización criminal implicada se benefició de una amplia red de protección con vertientes no solamente municipales, sino también estatales y federales, para realizar operaciones transnacionales de tráfico de estupefacientes. Las acciones legales en contra de los individuos que participaron de esta red y contra quienes, siendo parte de la misma, intervinieron con sus acciones u omisiones en la desaparición de los normalistas, aún están pendientes.
El pacto de impunidad no está roto; en realidad, apenas comienza a resquebrajarse.
Obstáculos a la justicia
En tercer lugar, hay que destacar que se han difundido nuevos elementos de prueba que confirman que la versión oficial fue parcial y que buscó deliberadamente ocultar lo ocurrido en aras de precipitar el cierre de la investigación por razones más políticas que técnicas. Se han dado a conocer videos que muestran interrogatorios que pueden encuadrarse como tortura; nuevas declaraciones que involucran a más autoridades; y documentos de la Policía Federal hasta ahora desconocidos. Todos esos elementos corroboran la necesidad de agotar líneas de investigación que fueron descartadas con negligencia.
Sin embargo, su difusión pública también pone de relieve un riesgo no menor para las familias. Y es que la circulación de documentos y videos parece privilegiar el impacto inmediato en la opinión pública por encima de las acciones legales, al tiempo que perpetúa la zozobra de las familias que terminan conociendo por la prensa versiones que aluden al posible destino de sus hijos. Es fundamental que se eviten las filtraciones y que se actúe con extrema pulcritud para que, también en eso, esta nueva etapa se diferencie de aquella en la que se investigó precipitadamente para satisfacer un interés político.
En este mismo sentido, es fundamental seguir atendiendo las recomendaciones del GIEI en cuanto a priorizar la prueba objetiva y técnica por encima de las declaraciones, siempre susceptibles de ser imprecisas o interesadas. Las declaraciones de individuos a cambio de incentivos son relevantes en todo sistema penal; empero, siempre deben contrastarse con otras pruebas técnicas y con otros testigos.
Los tres avances reseñados muestran que se han dado pasos relevantes hacia la verdad. Es cierto que aún no sabemos a cabalidad qué ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala; pero de las muchas enseñanzas que dejan este atroz evento y sus secuelas, una de las más relevantes es que vale más reconocer esa incertidumbre que precipitar narrativas sin sustento contundente. Las familias no quieren una nueva “verdad histórica”.
Finalmente, es necesario reconocer que los pasos dados y los avances alcanzados son fruto de la lucha incansable de 43 familias que decidieron no conformarse con la mentira y sacudir a México por amor a sus hijos. También ha sido determinante la participación del GIEI, del Equipo Argentino de Antropología Forense, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de muchos y muchas periodistas que han realizado investigaciones valiosas.
La enorme y sostenida solidaridad de personas y organizaciones en México y todo el mundo también ha sido de primera relevancia para que no se enterrase la verdad en el caso. Finalmente, el aporte de las organizaciones civiles que desde el primer día hemos acompañado a las familias, haciendo frente a descalificaciones e intimidaciones, ha sido un factor relevante también.
En esta última fase, además, el impulso gubernamental que a través de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia ha brindado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y desde la Unidad Especializada en la Investigación del mismo el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, ha sido también fundamental.
Los avances muestran que es posible tender puentes en aquellas causas que México carga como heridas abiertas. Esfuerzos extraordinarios para alcanzar justicia y verdad como este, que incluyen diálogo con las víctimas, que abren espacio a la necesaria asistencia técnica internacional y que implican trabajo con la sociedad civil, deben replicarse y expandirse. Miles de víctimas están también a la espera de ser reconocidas en su dignidad y, sobre todo, a la espera de que la justicia y la verdad se impongan sobre la impunidad y la mentira.
