2. Flujos migratorios: México, Estados Unidos y Centroamérica
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Foto de José Luis González/Reuters

Adiós Trump, bienvenido Biden: El nuevo momento migratorio estadounidense

 

Leticia Calderón Chelius

Instituto Mora

 

 

 

A la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca, Joe Biden, se anunciaron cambios de 180 grados en la política migratoria estadounidense. Nada va a quedar siendo lo mismo al regreso de los demócratas al poder, declararon. Estados Unidos está de vuelta, replicaron en todos los foros en que se han presentado las acciones inmediatas propuestas por el nuevo equipo en el poder y las que vendrán más adelante.

Y parece que van en serio. En menos de dos meses en el gobierno, los demócratas han avanzado en cuestiones muy concretas que muestran la velocidad de los cambios: eliminar la medida de Tolerancia Cero impuesta por Donald Trump en 2018, que autorizaba separar a las familias de inmigrantes que intentaron cruzar de manera indocumentada hacia Estados Unidos. Esta medida considerada “cruel e inhumana” por el nuevo equipo, generó gran caos en todo el sistema migratorio al crear centros de detención que no existían antes, además de que produjo campos de refugiados de niños y niñas separados de sus padres, que ahora tienen que reencontrarse con ellos, lo cual puede llegar a ser una odisea legal que dure años.

 

Se aprobó revertir el programa Quédate en México impuesto en 2019, que obligaba a los solicitantes de asilo a Estados Unidos a esperar su audiencia ante un juez de migración en territorio mexicano, lo que generó que se establecieran campamentos con alrededor de 70 mil personas migrantes a lo largo de distintas ciudades mexicanas en la frontera con Estados Unidos. Al momento de escribir este texto ya había iniciado el cruce de personas que aguardaban en México su audiencia para presentar sus casos ante un juez de migración en ese país. Y aunque esto se está dando a cuentagotas, brinda esperanza a miles, sobre todo de centroamericanos, haitianos y algunas personas migrantes provenientes de distintos países de África, que desean ser reconocidos como asilados en ese país.

Otras decisiones inmediatas, en este caso para quienes ya radican en Estados Unidos y eventualmente buscarán regularizar su situación jurídica, fue poner fin a la controversial medida conocida como Regla de carga pública, que implicaba que todo solicitante de “green card” en el país, que hubiera pedido cualquier tipo de asistencia social de parte del Estado no sería considerado para obtener dicho documento. Este asunto se revirtió y ya no habrá un expediente que los descalifique como solicitantes de la anhelada visa por este hecho.

Más allá de estas medidas concretas, el plan más ambicioso de Biden en materia migratoria es presentar una iniciativa de ley que cambie el estatus jurídico de 11 millones de personas que actualmente viven sin documentos en Estados Unidos, y que dicha ley les ofrezca vías para regularizar su situación y eventualmente, en un lapso no menor a 8 años, poder aspirar a obtener la ciudadanía estadounidense. Como medidas intermedias a ese plan, Biden se propone realizar regularizaciones exprés vía acciones ejecutivas -que dependen de él- de algunos grupos como los Dreamers (jóvenes que llegaron en su infancia al país de manera indocumentada), los trabajadores ahora considerados como esenciales (trabajadores agrícolas), y las personas que portan una visa temporal llamada Estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en ingles), la mayoría de estos, centroamericanos.

En todo este plan no se propone ni desaparecer ICE (la oficina encargada del control migratorio, por sus siglas en inglés), ni dejar de fortalecer las fronteras, aunque se ha aclarado que ahora actuaría con una perspectiva “más humanitaria”, lo que sugiere que su enfoque punitivo estaría sobre todo dedicado a combatir todo tipo de tráfico ilegal (incluye cruce de personas), y factores que se consideran de seguridad nacional. Esto abre un amplio abanico de control que requiere no pecar de ingenuos al esperar un cambio estructural respecto a la movilidad migratoria.

En todo este plan, hay un detalle que podría parecer menor, pero está lejos de serlo. Se trata de la propuesta de eliminar de todo código de inmigración la palabra extranjero y sustituirla por la de no-ciudadano. Este tipo de cambios en la forma de nombrar no son “correcciones políticas”, sino propuestas que buscan hacer cambios profundos a nivel de la cultura política de los estadounidenses tal vez no en lo inmediato, pero sí en un mediano y largo plazo. Nombrar es crear, diría Foucault.

Todas estas medidas, tanto las de carácter ejecutivo que dependen de Biden, como las que solo pueden aprobarse en el marco de las Cámaras, sea el Congreso como el Senado, no están exentas de controversia, porque no se puede omitir el hecho de que hay un electorado que apostó por los republicanos que abanderaban exactamente lo contrario a estas propuestas. Así pues, hay que recalcar que, aunque los Demócratas tienen la mayoría en el Congreso, esta mayoría es muy frágil, ya que ese partido cuenta con 222 escaños respecto a 212 de los Republicanos. Se trata del margen de acción política más estrecho en 20 años. Mientras que, en el Senado, aunque hay un empate técnico (50-50), los demócratas sí cuentan con la mayoría que les ofrece el hecho de que en una votación que resulte en un empate, la Vicepresidenta Kamala Harris tiene el voto decisivo que favorecería a los Demócratas. No obstante, en propuestas de cambio de ley como la iniciativa de amnistía y una política migratoria novedosa que propone Biden -lo que ellos llaman una reforma comprehensiva y un camino a la ciudadanía-, no basta la mayoría simple, sino que se requieren por lo menos 10 votos más que tendrían que venir necesariamente de los Republicanos. Esto implica que, aunque la intención de Biden es hacer realidad un compromiso que va más allá de una promesa de campaña, hacer un cambio estructural en el marco legal migratorio no depende solo de la buena voluntad del nuevo presidente de Estados Unidos. Un detalle que puede ser crucial en este esfuerzo es el hecho de que Biden no planea reelegirse -así lo ha declarado-, lo que podría permitir que decida usar todo su capital político para tratar que temas de esta magnitud, como lo migratorio, alcancen consenso y generen acuerdos políticos de gran calado.

¿Y México ‘Apá’?

Para el gobierno de López Obrador, la propuesta migratoria de Biden es un respiro de oxígeno. Significa que muchos de los problemas acumulados durante años por la política de contención, control y deportación de los mexicanos que han emigrado, lo mismo que los miles de extranjeros que esperan en suelo mexicano para cruzar a Estados Unidos, podrían resolverse de manera bastante satisfactoria para las personas que buscan permanecer en ese país (como los Dreamers y sus padres). Los trabajadores agrícolas tendrían la oportunidad de viajar por periodos de siembra y cosecha a dicho país, sin tener que exponerse a cruzar de manera indocumentada, y si avanza una reforma migratoria amplia -insistimos, es lo más difícil-, eso podría generar una circularidad migratoria que genere un enorme intercambio entre países. Por lo menos 6 millones de personas de origen mexicano viviendo hoy en Estados Unidos que permanecen sin documentos de estancia legal (sumados a otros 5 millones con visa de residentes), podrían resolver su situación jurídica y con ello, generar una dinámica virtuosa entre ambos países. Para López Obrador estos cambios, incluso los más pequeños, reducen puntos de gran tensión entre ambos países y, sobre todo, mejoran el ambiente y las circunstancias para las personas que pueden ser beneficiarias directas de estas medidas.

Pero atención, esto no significa que vayamos a ver cambios en la  política de contención mexicana que se definió desde mediados de 2019 (despliegue de la Guardia Nacional), porque los acuerdos sobre la vigilancia migratoria que México realiza se diseñaron, en su esencia, en periodos presidenciales anteriores (el más reciente el plan Frontera Sur durante el gobierno de Peña Nieto), los cuales no parecen ser contrarios a la propia política que el gobierno actual ha diseñado, más allá de que se argumente que son respuesta a las presiones que se han dado de parte del gobierno estadounidense (intento de imposición de aranceles a cambio de mayor control fronterizo y minimizar el tránsito). Sin embargo, la realidad es que la política migratoria mexicana apuesta por controlar el flujo, limitarlo al máximo y, sobre todo, dirigir sus esfuerzos contra las redes de traficantes de personas, como parte de una estrategia más amplia de combate contra la criminalidad en el país.

En este sentido, el hecho de que Estados Unidos haya anunciado por todos los medios posibles que, quienes intenten ingresar a su país a partir del 1° de enero del 2021 no serán considerados en las propuestas y planes en curso, no detendrá los flujos migratorios que sin lugar a duda continuarán. Lo cual implica que, aunque gradualmente muchos de los que ahora esperan en las ciudades fronterizas mexicanas logren cruzar a Estados Unidos, muchos otros de quienes emprendan el camino de la migración acabarán instalándose en el país de manera más prolongada y en algunos casos, definitiva. México debe prepararse para este escenario.

En este contexto, se debe tener en cuenta otra arista de la oferta de cambio de la política migratoria de Biden: el anuncio de invertir recursos económicos en los países de expulsión migratoria en la región centroamericana, como una forma de evitar que la migración sea forzada. Este anuncio coincide plenamente con la propuesta original de López Obrador al inicio de su gobierno (basada en un plan de la CEPAL), de invertir para generar proyectos que impidan que se mantengan las causas que obligan a las personas a migrar (violencia estructural, corrupción, ingobernabilidad). Este plan, sin embargo, es una propuesta de carácter asistencialista que, de llevarse a cabo, solo podría tener efectos visibles en algunos años. Y al menos como está mencionado, no considera la estructura de poder político de los distintos países de la región. Hay que tener en cuenta que tanto en El Salvador como en Honduras habrá elecciones este año (intermedias y presidenciales), y el ajedrez político puede cambiar algunas coordenadas entre los grupos de poder. Al mismo tiempo, la pugna política puede tener un impacto sobre el flujo migratorio, movilizando a más personas dispuestas a huir de condiciones aún más difíciles para ellos, incluso sin sus seres queridos. Además, el problema de la corrupción no ha sido enfrentado en los países de la región, por los mismos gobiernos muchas veces acusados de ser incluso ellos mismos corruptos y mafiosos (salvo en México, en donde la lucha contra la corrupción se ha vuelto un mantra nacional, en otros países el tema no es parte de la agenda). Por tanto, creer que la inyección de recursos millonarios a proyectos productivos realmente su usará para tales fines, puede resultar más complicado de lo que se plantea. La experiencia señala que los propios gobiernos (México incluido), han llegado a desviar los recursos etiquetados a proyectos o programas incluso para las poblaciones más empobrecidas. No hay elementos que señalen que eso podría ser radicalmente diferente.

Durante un tiempo, algunos analistas han sostenido que la relación de López Obrador con el anterior inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, era amistosa e incluso de “demasiada” cercanía política. En realidad, este argumento ha sido un intento de descalificar la estrategia mexicana de no confrontar a un presidente sumamente agresivo y volátil, que podría dañar mucho a México con una decisión visceral como las que tuvo en tantos temas. Se dijo, además, que esto acarrearía una enemistad con Biden, lo que podría enfriar la relación estratégica de México con Estados Unidos. La realidad es que el pragmatismo de dos políticos profesionales, como son López Obrador y Biden, permite ver que los acuerdos y decisiones que han tomado al inicio de la nueva presidencia en Estados Unidos, han estado en el interés de lo que cada uno considera benéfico para su propio país y, sobre todo, para sus propios proyectos políticos. De esta manera, como diría un dicho popular muy conocido, en el caso de la propuesta migratoria de Biden, “nadie sabe para quién trabaja”, porque el más beneficiado del nuevo andamiaje político y jurídico respecto a lo migratorio en Estados Unidos, podría resultar el mismo López Obrador, más allá de habérselo propuesto, o sin haber movido un solo dedo para lograrlo. Para México y los mexicanos inmersos en el proceso migratorio entre ambos países, este nuevo escenario es una buena noticia.

Referencias

Alianza fronteriza de filantropía (2020), la crisis humanitaria en la frontera, 11 de marzo 2020. https://www.alianzafronteriza.org/crisishumanitaria.html

Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 2020, Migrantes en albergues en las ciudades fronterizas del norte de México, México, COLEF. https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/migrantes-en-albergues-en-las-ciudades-fronterizas-del-norte-de-mexico/

Heredia, Carlos, Ana Saiz, Patricia Zamudio, Mariana Zaragoza (2020), Exigen alto a la simulación en política migratoria, Sin Fronteras I.A.P, 25 de agosto 2020. https://sinfronteras.org.mx/index.php/2020/08/25/exigen-alto-a-la-simulacion-en-la-politica-migratoria/

López Obrador, Andrés Manuel (2017), Oye, Trump, México, edit. Planeta.

Pérez-Navarrete, Marco y Marisol Garcés (2019), Políticas de Estado, desplazamiento forzado y migración. Una mirada regional al norte de Centroamérica, San Salvador, Heinrich Böll Stiftung. https://sv.boell.org/sites/default/files/politicas_de_estado_desplazamiento_y_migracion_tnca_hbs_2019.pdf

Ronderos, María Teresa, Alberto Pradilla  (2020), Migrantes de otro mundo, Animal Político. https://www.animalpolitico.com/migrantes-de-otro-mundo/