En el marco de los Foros para la Pacificación del País, el presidente fue consistente en señalar como presidente electo que “la inseguridad y la violencia se han generado por el modelo económico” (Comunicado 63). En la misma línea, Alfonso Durazo, quien se desempeñaría como Secretario de Seguridad federal un año y diez meses, sostuvo durante el periodo de transición que su presencia sería “transitoria” para un retiro progresivo (El Economista, 2018) en el transcurso de tres años (El Universal, 2018).

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Los acontecimientos llevarían a la nueva administración a matizar su crítica a las fuerzas armadas y a proponer en la Guardia Nacional la corporación que había de dar respuesta a la urgente necesidad de pacificación en el país y ampliar el plazo de permanencia del Ejército en las calles.

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La validación de este proyecto de corporación por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, generó cuestionamientos al establecer en los transitorios de la reforma constitucional de marzo de 2019 la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.” A ello, se suma el Decreto de mayo de 2020, el cual causó la preocupación de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por no contener elementos de verificación de su carácter excepcional y de necesidad, posibilitar la intervención en la investigación de delitos, la supervisión por una estructura civil, ni garantizar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas (ONUDH-México, 2020)”.

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Por su estructura, instrucción y formación, así como estructura de mando, la propuesta de la denominada Cuarta Transformación mantiene las responsabilidades en materia de seguridad pública hacia las fuerzas armadas de los últimos años y es incongruente con un modelo de seguridad humana. Si bien el discurso oficial mantiene la crítica a la desigualdad y a la necesidad de trasformar los entornos de desigualdad y violencia, el esquema de seguridad mantiene una lógica militarizada y no hay a la fecha una estrategia que marque una diferencia con respecto a los intentos y experiencias de los años recientes. En este sentido, la militarización sigue siendo una “herramienta transexenal”, para alcanzar los fines del gobierno en turno (Universidad Iberoamericana, 2020).

 

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La militarización de la vida pública y la continuidad de la impunidad

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Nuestro país asiste a un proceso creciente y continuo de militarización de la vida pública. Las tres últimas administraciones del Poder Ejecutivo federal, emanadas de distintas fuerzas políticas, han mantenido una dinámica de presencia de las fuerzas armadas en funciones civiles, incluyendo la seguridad pública.

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En los años setenta, la Operación Cóndor inició una etapa de utilización del Ejército en contra de los cárteles del narcotráfico en el denominado Triángulo Dorado, al norte del país. Desde los años noventa, las fuerzas armadas participaron de forma más amplia y en todo el territorio en tareas de seguridad, atención a emergencias naturales, problemáticas ambientales y de desarrollo. Desde el gobierno de Vicente Fox, militares en activo y en retiro ocuparon la titularidad de secretarías de seguridad. Ya en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” en la administración de Felipe Calderón, los militares exigieron, en voz del Secretario de Defensa Nacional, que se les dieran garantías y un marco jurídico para su actuación. Esta exigencia se cristalizó con la Ley de Seguridad Interior impulsada por el Presidente Peña Nieto.

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El gobierno del presidente López Obrador no solo ha mantenido esta tendencia de intervención militar en la vida pública, sino que la ha profundizado de una forma preocupante: en el actual gobierno las fuerzas armadas en su conjunto, Ejército y Marina, han tomado control de los puertos marinos, la administración de aduanas o participado en los proyectos emblemáticos del gobierno, como la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas o las sucursales del Banco del Bienestar, entre otras.

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Por otra parte, ninguna de las administraciones federales que ha gobernado en México desde el año 2000 ha podido romper la inercia de impunidad que ha rodeado a las fuerzas armadas por décadas.  Los procesos contra militares de rango como Acosta Chaparro y Francisco Quirós, fueron por cuestiones de narcotráfico y no por intervención en la política de la Guerra Sucia, y además concluyeron con absoluciones en la justicia miliar.

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La impunidad en el caso de los abusos militares es reiterada. La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa enfrentó al Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con la Secretaria de Gobernación cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes solicitó que declararan ante la Procuraduría, a lo cual, el Secretario de Defensa se opuso.

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Recientemente se tuvo noticia de la detención del General Cienfuegos en Estados Unidos, derivada de una investigación por nexos con grupos de la delincuencia organizada. Sin señalar una culpabilidad anticipada del General Cienfuegos, quedó en evidencia la impunidad que buscan las fuerzas armadas. No es accidental que el gobierno mexicano haya activado el aparato diplomático para solicitar al gobierno norteamericano su retorno bajo un esquema de repatriación y no de extradición. Sin mayor investigación, la Fiscalía anunció el no ejercicio de la acción penal.

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Lo mismo sucede con casos representativos, como el de la familia Almanza, que fue atacada en Tamaulipas, o los jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey, Javier Arredondo y Jorge Mercado, en cuyos casos se alteró la escena por parte de los militares para señalar que habían sido atacados por grupos delincuenciales o bien habían quedado en medio del fuego cruzado. Lo mismo sucede con Israel Arzate, quien fue torturado en un cuartel en Ciudad Juárez para obligarlo a autoinculparse de los homicidios de los jóvenes de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez en el año 2010. Así, las fuerzas armadas hacen parte de la violencia e impunidad, al ser utilizadas por las distintas administraciones en un contexto que imbricó autoritarismo, crimen organizado y militarización (Open Society Foundations, 2016).

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No deben escapar a nadie las tareas otorgadas al Ejército en la presente administración, que han trascendido la condición extraordinaria de intervención en materia de seguridad, que por sí misma es cuestionable, para dar continuidad a un modelo de seguridad poco garante de los derechos humanos de la población. Me refiero, por ejemplo, a la construcción y eventual administración del Aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción de hospitales (uno en Cuajimalpa, en Ciudad de México), y de las sucursales del Banco del Bienestar, así como la administración de puertos marítimos, entre otras. A pesar de no tener relación con el tema de seguridad, esto deja en evidencia el poder y condiciones que han ganado las fuerzas armadas en otros ámbitos de la vida pública, suficientes para obtener impunidad.

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Las transformaciones necesarias. Cambios estructurales y no retórica.

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El Estado mexicano mantiene rasgos profundamente autoritarios y de opacidad que han permanecido inalterados, a pesar de la alternancia política por la que el país ha transcurrido en los últimos veinte años: de ser gobernado por el partido de Estado, posteriormente por el Partido Acción Nacional por doce años, un sexenio de retorno del PRI y a dos años del triunfo de la izquierda a través de Morena. El abandono y poca funcionalidad de las policías y de las fiscalías en el país, se relaciona con su utilización por décadas como mecanismos de control social y de judicialización de la política. Por su parte, las fuerzas armadas mantienen una estabilidad y sujeción al mando político y una narrativa que resalta su origen popular y nacionalista (Moloeznik, 2007).

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Sin embargo, en el Estado mexicano y en sus fuerzas armadas, también es característico que a pesar de una aparente normalidad democrática, de la continuidad de gobiernos civiles, y de la sujeción formal del mando, las fuerzas armadas han mantenido --desde la desaparición del sector militar del PR en los años cuarenta del siglo XX-- un peso político y una autonomía que les da márgenes de actuación discrecional, que van desde la elección interna de los secretarios del ramo, a la falta de controles civiles sobre una corporación monolítica que funciona con una seudolegalidad endógena y de ascendencia autoritaria, que hacen del Ejército una entidad cerrada y negada a controles democráticos, y que durante varias décadas funcionó como parte activa del aparato represivo del Estado.

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Resulta preocupante el equilibrio frágil entre la rama civil y la militar del Estado mexicano, la correlación en la que en apariencia, las fuerzas armadas ejercen un dominio metaconstitucional sobre la vertiente civil del Estado, así como un poder desmedido cuando se les ha llamado a rendir cuentas de su actuación desde la sociedad. Esto les ha hecho entrar en tensiones con otras áreas del gobierno, más afines a los temas de derechos humanos, así como tener la última palabra en casos que involucran a las fuerzas armadas en abusos militares. Una transformación fundamental debe ser la sujeción real del mando militar al civil, el retorno a los cuarteles y finalizar el ciclo de impunidad con el que ha sido favorecidas las fuerzas armadas en los últimos años.

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La actual crisis de seguridad e impunidad se debe no solo a la estrategia de militarización de la seguridad pública, sino además a la responsabilidad de las distintas estructuras del Estado, a la generación de capacidades institucionales en los diversos ámbitos, desde las policías municipales, su equipamiento y profesionalización, condiciones de estabilidad laboral y seguridad social. Es imprescindible un cambio del paradigma de seguridad humana, de forma que abandone la concepción militarista de la seguridad y debe ser impulsado, a pesar de la tentación autoritaria de seguir empleando al Ejército como la solución a la actual crisis.

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Hasta ahora, las fiscalías no han logrado ser entidades verdaderamente autónomas del poder político. La Fiscalía General de la República funciona todavía como una institución del siglo XX sin asumir la lógica del sistema acusatorio. Además, la relación con el Poder Ejecutivo mantiene una condición de subordinación, en la que el Presidente López Obrador “instruye” al Fiscal Gertz Manero a actuar en determinado sentido. Para que la FGR comience un proceso de transición de un modelo agotado se requiere consolidar transformaciones estructurales en el aparato de justicia, el diseño y autonomía efectiva de las fiscalías, el desarrollo de planes de persecución penal, unidades de investigación, servicios forenses y áreas de litigio, así como el desarrollo de una política de priorización de casos.

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Por último, se requiere generar condiciones para el funcionamiento óptimo del sistema penitenciario y de una política social considerada por la administración del Presidente López Obrador, que transforme las condiciones de desigualdad y precarización en el país. Solamente la conjunción de diversos cambios estructurales con una perspectiva de derechos, posibilitará que México salga, paulatinamente, de la grave crisis en la que nos encontramos.

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Daniel Cossío Villegas escribió que, en el México del siglo XX, los integrantes del estamento militar consideraban que ellos “representan el orden y la dignidad nacional”. Lo cual sería peligroso cuando el mando civil del Estado hiciera parte de esa convicción, ya que en la visión del historiador, de prevalecer las formas militares en el gobierno, habría “orden, mucho orden; pero poca dignidad, nacional o personal”. (La crisis de México, p. 238).

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Hasta ahora, la Cuarta Transformación parece mantener esta condición de empoderamiento de las fuerzas armadas, realizada por dos administraciones anteriores del PRI y el PAN. El discurso cambió, pero la correlación entre el mando civil y el militar sigue inclinándose riesgosamente hacia el Ejército y la Marina. La salida a la violencia, la inseguridad y la impunidad no está en la militarización. La disyuntiva es profundizar en las prácticas autoritarias de los últimos años o comenzar una política genuina, más allá de la retórica, que asegure seguridad y acceso a la justicia. Es indispensable construir soluciones, desde una vertiente verdaderamente democrática y con perspectiva de derechos humanos.

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*Coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, Puebla. Maestro en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Agradezco las observaciones que realizó Bernardo Padrón Samaniego para el presente artículo.

 

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Referencias

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Daniel Cossío Villegas, “La crisis de México”, en: Cámara de Diputados, México y su tiempo: interpretaciones de nuestra Memoria Histórica y Cultural, México, 2018.

 

S. Corona, J. Monroy y H. Molina “Para el 2024, Ejército dejaría las calles, plantea Durazo”. En El Economista, 29 de agosto de 2018.

 

------------- “Prevé Alfonso Durazo retiro del Ejército de las calles en tres años”. En El Universal, 6 de julio de 2018.

 

Marco Pablo Moloeznik, “Las Fuerzas Armadas en México: entre la atipicidad y el mito”, en Nueva sociedad, núm. 213, 2007.

 

MORENA, Programa del Movimiento Regeneración Nacional. Por qué luchamos, 2013.

 

ONU-DH México, “Preocupa a la ONU-DH Acuerdo que dispone de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública”, comunicado, 13 de mayo de 2020.

 

Open Society Foundations, Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, 2016.

 

Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador, “El jefe de Estado es responsable principal de inseguridad y violencia, afirma presidente electo en clausura de Foros para la Pacificación”, Comunicado 063, 24 de octubre de 2018.

 

-------------- “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, 14 de mayo de 2020.

 

Universidad Iberoamericana, Militarización en la 4T, México, 2020.