3. Justicia y derechos humanos

Foto de Presidencia de México.

2021. El dolor prevalece

 
Eliana García Laguna

@elauva

 

 

 

El lema internacional que representa la fuerza de las familias de personas desaparecidas es: ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos! No son banales las palabras que construyen esta exigencia, pues la sustentación de cualquier definición de Estado, desde el razonamiento de Hobbes en el Leviatán, es precisamente la cesión de una porción de nuestras libertades y derechos a cambio de la seguridad y de la protección de la vida, libertad e integridad que este garantiza, es decir, “la seguridad es la razón por la cual los hombres establecen el Estado” (Hobbes, 1984)[1]. Libertad y vida se representan, indubitablemente, en la lucha incansable de los familiares de personas desaparecidas por conocer el paradero de sus seres queridos.

No hay mejor manera de avanzar un análisis de la situación de seguridad, de cuáles son los enfoques y perspectivas para el 2021 y sus impactos que desde la visibilización de la situación de uno de los más delicados y dolorosos aspectos de la crisis humanitaria y de derechos humanos que sufre nuestro país: la desaparición de personas.

 

Datos sobre la desaparición de personas, una lamentable realidad

De acuerdo a cifras oficiales, en seis meses, el registro de personas desaparecidas en el país aumentó 13%, al pasar de 73 mil 218 en julio de 2020 a 82 mil 825 al corte del 24 de enero de 2021 (Martínez, 2021)[2]. Adicionalmente, señala Martínez, hay al menos 37 mil fosas clandestinas (2021); Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, son las entidades en las que se localizan, en orden de prelación, la mayoría de estas (Gándara, 2021)[3].

Se habían ido construyendo capacidades mínimas para la búsqueda y localización de personas durante 2012-2018 a partir de crear una unidad ministerial especializada para búsqueda de personas, un registro nacional, un protocolo homologado para la investigación de la desaparición elaborado con el concurso de las víctimas, de expertos y especialistas, de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y operadores de justicia. Se firmó, desde 2013, la licencia para la operación de la Base de Datos AM/PM del Programa Missing del Comité Internacional de la Cruz Roja, que permite apoyar la búsqueda en vida y, sobre todo, la identificación de los restos de personas fallecidas sin identificar.

 

La tragedia de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Gro., el 26 de septiembre de 2014, obligó al Estado mexicano a impulsar acciones legislativas y de política pública: emisión, en noviembre de 2017, de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que regularizaba lo ya  avanzado y creó, tanto la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) como el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB); se tipificaron los delitos de desaparición forzada,  desaparición cometida por particulares y otros conexos; dos protocolos, uno de investigación y otro de búsqueda que, por cierto, no ha sido reconocido por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el argumento de que la búsqueda no está entre sus facultades legales.

Las cifras de la violencia se miden por cuántos homicidios dolosos hay en relación con cada 100 mil habitantes; en este gráfico (Aguirre Botero, 2019)[4] se puede apreciar un histórico que da cuenta de 29 personas por cada 100 habitantes para 2019:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2020)[5], Animal Político (Ángel, 2020)[6] y Proceso (Tourliere, 2021)[7] han reportado cifras similares en 2018 y en 2019. Después de un engañoso descenso, producto del confinamiento pandémico, el estimado varía entre las “32 mil 759” que señala Ángel a las “36 mil 476” personas víctimas de asesinatos según el Inegi. En términos generales, dado el comportamiento violento en el 2020, el promedio diario de mexicanas y mexicanos asesinados sería de entre 97 a 98; es decir, una lamentable realidad porque, al final no son cifras sino seres humanos con identidad, familia, historias y proyectos, de “cuatro nuevos homicidios o feminicidios cometidos cada hora, o un nuevo crimen cada quince minutos”[8].

La situación, someramente, descrita de desapariciones y homicidios muestra que la violencia epidémica sigue ensombreciendo el cielo de nuestro país y que el pacto de impunidad (García, 2020)[9], provocado por la complicidad -incluso orgánica- de las redes macrocriminales conformadas por poderes fácticos legales e ilegales que ahonda la crisis de inseguridad que experimentamos de manera aguda y en crecimiento desde el año 2006 que se desplegó masivamente a las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad ajenas a su naturaleza, se mantiene intacto[10].

 

El paradigma militar de la seguridad y sus efectos

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República (ENS 2019-2024) estableció varios objetivos que, a la fecha, no se han cumplido, por ejemplo, “erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia […], pleno respeto y promoción a los derechos humanos […] emprender la construcción de la paz […] seguridad pública, seguridad nacional y paz” (D.O.F., 2019)[11], sin embargo, para lograr esto, además del populismo punitivo, ergo, ampliar el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, han incrementado el poder militar.

Vale comentar que el, ahora, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se fue con más pena que gloria dejando en su legado: traición a su palabra cuando prometió a #SeguridadSinGuerra que no habría reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional militar y luego, mintiendo insistentemente, que dicha institución era civil pese a que toda la estructura y mandos muestran el tufo militar; maquillaje permanente y disparidad de cifras; el Culiacanazo (octubre de 2019) en el que vimos caer, como piezas de dominó, el poder coercitivo y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. En fin, su gestión queda marcada por la ineficiencia, la simulación y, lo más grave, la vergonzosa claudicación ante las FFAA a las que les entregó, en dócil obediencia del mandato presidencial, ominosamente la responsabilidad de la seguridad y con ello, su creciente empoderamiento.

Llega la nueva secretaria, Rosa Icela Rodríguez, sin más cartas que su palabra de que se va a “lograr un país con paz y tranquilidad[12] como compromiso que, difícilmente podrá cumplir, no sólo porque realmente no existe una estrategia basada en un diagnóstico, diseño, implementación y evaluación sólidos, sino porque la inseguridad es un problema estructural de gobernanza.

Desde la perspectiva de la gobernanza, se analiza a la seguridad como objetiva vista desde las cifras de denuncias, de víctimas directas e indirectas y de delitos y las maneras en que se gestiona la función pública y, también, como subjetiva, vista desde la “percepción de inseguridad, compuesta por los sentimientos que la inseguridad puede causarle a las personas […] temor a ser víctima de algún delito […] el cambio de hábitos […] adopción de nuevas medidas de seguridad” (Tassile, 2016: 1-5)[13].

Por ello, un tema recurrente en cualquier análisis que intente profundizar en la inseguridad y en por qué la violencia crece como epidemia, debe sustentarse en dos aspectos, el primero se refiere a valorizar los terribles efectos para quienes han sufrido el menoscabo y/o la anulación de sus derechos, especialmente, a quienes no saben el paradero de un ser querido (García, 2020)[14] y, el segundo, con el paradigma militar fallido de la seguridad y de la vida pública.  En estas reflexiones quisiera acompañar dos conceptos analíticos que, hace ya varios años, ha introducido nuestro colega López Portillo (2017)[15] y que ha recuperado para analizar una ley ya ahora declarada inconstitucional: “desgobierno político de la seguridad” y “policialización” de la seguridad, que visualizaré desde la militarización dado el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en nuestro país.

Marcelo Sain (2003)[16], experto en seguridad, ha teorizado sobre un esquema de funcionamiento y organización de la seguridad que se sustenta en “delegar la función política de gobernanza de la seguridad a las fuerzas policiales” lo que genera el desgobierno político de la seguridad y la autonomía política de la fuerza policial. El resultado de este modelo, es un autogobierno, tanto orgánico como funcional, así como de “exclusión comunitaria” con varias características:

 

marcada independencia; espacio institucional bajo control y gestión de instancias policiales, aunque en México subordinadas a las militares, “sin intervención determinante de otras agencias estatales no-policiales”; carencias institucionales; ausencia de prevención delictiva y de investigación criminal; incremento del temor y la percepción de inseguridad; deterioro de la imagen pública de los gobiernos, especialmente de las instancias de seguridad; la validación de prácticas y políticas legislativas y ejecutivas de corte autoritario basadas en el aumento de poderes discrecionales; reivindicación del uso de la fuerza extralegal como modalidad predominante y legítima de actuación policial; punición e ilegalidad para combatir el delito; ausencia de un marco legal (Sain, 2003: 2-4, 27)[17].

 

Los elementos que vierte Sain para explicar el desgobierno político de la seguridad, particularmente, en lo que, a delegar la función de seguridad y sus consecuencias, podemos emparentarlos con lo que ha sucedido en México con la función policial y ahora, con los militares mexicanos que han asumido esa función, profundizando la ruptura del tejido social y, por ende, impedido que se construya cualquier propuesta viable para combatir la inseguridad.

Es interesante, entonces, visualizar el fenómeno en México, no sólo como componente de la policialización sino de la militarización de la seguridad y la vida pública. Para ejemplificar esto último, vamos a ver algunas de las tareas delegadas a las FFAA en el gobierno del presidente López Obrador: combaten la inseguridad con un cuestionado y endeble marco constitucional; contención antimigrantes en fronteras norte y sur; administran aduanas; operan la marina mercante y las capitanías de puertos; siembran árboles; adquieren pipas en la lucha contra el huachicol y contratan choferes; entregan fertilizantes; combaten el sargazo; construyen sucursales bancarias, aeropuertos y trenes; remodelan hospitales; capacitan becarios; reparten libros de textos, distribuyen vacunas y vigilan su aplicación.

Este empoderamiento nos deja claro que con las FFAA no hay que meterse, mucho menos hacer enojar a sus altos mandos y de estructura, como recién lo vimos, con el ex secretario de la Defensa, general Cienfuegos, acusado de vínculos con integrantes de grupos delincuenciales de alto impacto ante instancias de procuración de justicia en Estados Unidos que lo llevó a su detención. Con una actitud de vergüenza, el gobierno mexicano, a través de su canciller, solicitó el retiro de cargos penales y la devolución del personaje para que se le investigara y, eventualmente, se le juzgara en territorio nacional. 

La ominosa respuesta de la FGR fue decretar, sin ninguna seriedad ni investigación objetiva e imparcial ni decoro, el no ejercicio de la acción penal.  Nunca como en este caso, ni siquiera ante grandes atrocidades y violaciones a derechos humanos, entre ellas, acreditada práctica de desaparición forzada, habíamos visto tan claramente el poder militar ante la autoridad civil. La claudicación e impunidad se expresaron sin límites.  

Ha quedado demostrado que dar continuidad al paradigma militar ha generado un crecimiento exponencial de la violencia y su consecuente incremento en víctimas; daños humanos irreparables, dolorosamente, con miles de personas que no sabemos dónde están y son buscadas por sus seres queridos.

Mientras no se abandone el desgobierno político y la militarización de la seguridad, no habrá estrategia ni acciones reales de contención de la violencia. La paz nunca se construye con estrategias de guerra y a lo que estamos condenando al país es a seguir viviendo en el 2021, no sólo la pérdida de vidas humanas por una equivocada gestión pública de la pandemia del Covid-19, sino a continuar con el horror de cientos de miles de vidas que se pierden por la violencia cada día, de miles de personas que no sabemos dónde están y a gritar con las familias: ¡vivas y vivos se los llevaron, vivas y vivos los queremos!

 

 

[1] Hobbes, Thomas (1984). Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. México, FCE, 1984.

[2] Martínez, Fabiola. “Aumenta a 82 mil 825 la cifra de personas desaparecidas”, en La Jornada, 24 enero 2021. Consultado en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/24/politica/aumenta-a-82-mil-825-la-cifra-de-personas-desaparecidas/

[3] Gándara, Romina (2021). “Cifra de desaparecidos sube a 82 mil. Jalisco, Tamaulipas, Edomex, Veracruz y Sinaloa son líderes” en Sin Embargo, 13 enero 2021. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/13-01-2021/3921547

[4] (Aguirre Botello, 2019).  Mexico, tasa de homicidios por 100 mil habitantes desde 1931 a 2019. México, Mexico Maxico. 23 de septiembre de 2019. Disponible en: http://www.mexicomaxico.org/Voto/Homicidios100M.htm

[5] “Datos preliminares revelan que en 2019 se registraron 36 mil 476 homicidios” en Comunicado de Prensa Núm. 432/20. México, 23 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/Defcioneshomicidio2019.pdf

[6] Ángel, Arturo (2020). “En 2020, la violencia en México se mantuvo en niveles récord; en 11 estados aumentaron asesinatos” en Animal Político. México, 29 de diciembre de 2020. Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/2020/12/violencia-2020-mexico-record-11-estados-aumento-asesinatos/

[7] Tourliere, Mathieu (2021). “En primeros dos años de Amlo, 71 mil 100 personas fueron asesinadas: 97 diarias” en Proceso Apro. México, 20 de enero de 2021. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/20/en-primeros-dos-anos-de-amlo-71-mil-100-personas-fueron-asesinadas-97-diarias-256637.html

[8] Ídem.

[9] García Laguna, Eliana. La recuperación de la paz es la acción más subversiva en el actual contexto de militarización. Revista Brújula, Edición 119, Prioridades ciudadanas actuales: Salud, economía y seguridad. Junio de 2020. Disponible en: https://www.revistabrujula.org/b119-recuperacion-paz-accion-subver

[10] Ávila, Keymer. (9 septiembre de 2019). Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina. Estudio publicado en Rebelión.org Elaborado por el CIDE, UNAM, Laboratorio de Análisis para la Violencia y Fundación Ideas para la Paz. Consultado en la siguiente dirección de internet: https://rebelion.org/monitor-del-uso-de-la-fuerza-letal-en-america-latina/

[11] Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación. México, 16 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16%2F05%2F2019

[12] Pantoja, Sara (2020). “Rosa Icela delinea directrices de su gestión en la SSPC al presentar informe de Seguridad” en Proceso. México, 31 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/12/31/rosa-icela-delinea-directrices-de-su-gestion-en-la-sspc-al-presentar-informe-de-seguridad-255387.html

[13] Tassile, C. M. (2016). Gobierno político de la seguridad en América Latina. 1er congreso de seguridad ciudadana. 6to Seminario Internacional sobre políticas públicas de seguridad. Villa María: Universidad Nacional de Villa María. Biblioteca Central “Vicerrector Ricardo Alberto Podestá”, Repositorio Institucional de la Universidad de Villa María, Disponible en: http://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=2531

[14] García Laguna, Eliana. La recuperación de la paz es la acción más subversiva en el actual contexto de militarización. Revista Brújula, Edición 119, Prioridades ciudadanas actuales: Salud, economía y seguridad. Junio de 2020. Disponible en: https://www.revistabrujula.org/b119-recuperacion-paz-accion-subver

[15] López Portillo, Ernesto (2017). “El desgobierno político de la seguridad” en Animal Político. México, 8 de febrero de 2017. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/ruta-critica/desgobierno-politico-la-seguridad/

[16] Sain, Marcelo Fabián (2003). Seguridad, democracia y reforma de la organización policial en la Argentina. Versión revisada de la ponencia presentada en el Seminario Internacional “Políticas de prevención del crimen y violencia en los ámbitos urbanos. Bogotá, 22 y 23 de mayo de 2003.  Disponible en: http://faviofarinella.weebly.com/uploads/8/7/8/2/878244/seguridad_y_democracia-_sain.pdf

[17] Ídem.

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BRÚJULA CIUDADANA. Es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tel. (55) 55141072, 

Editor responsable: Elio Villaseñor Gómez.

Editora de la revista, Delmy Xiomara Peraza Torres. 

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